La apelación presentada por la defensa legal del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) contra el rechazo a su solicitud de excarcelación será revisada este viernes 25 de abril por la Corte Suprema. Este hecho se produce en un momento crucial, considerando los múltiples procesos judiciales que enfrenta el exmandatario por presuntos actos de corrupción durante su gestión. La decisión del máximo tribunal podría tener implicaciones significativas en el desarrollo de estos juicios.
Según la investigación publicada por El Comercio, el expresidente enfrenta acusaciones graves de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, delitos que habrían perjudicado al Estado peruano.
La controversia central de la apelación reside en el cómputo del plazo de prisión preventiva. La defensa de Toledo argumenta que se deben contabilizar los ocho meses que estuvo detenido en Estados Unidos, previos a su extradición. El juez Richard Concepción Carhuancho impuso la medida restrictiva en 2017, estableciendo un periodo de 18 meses que, según la resolución impugnada, se computa desde su llegada a Perú el 23 de abril de 2023 hasta el 22 de octubre de 2024.
En contraposición, el juez Víctor Zúñiga Urday ha sostenido que la resolución judicial inicial, que establece el inicio del cómputo desde la extradición, no fue oportunamente impugnada por los abogados de Toledo, a pesar de haber sido debidamente notificados. Este punto es crucial para determinar si el plazo de prisión preventiva ya ha expirado o no.
Adicionalmente, Alejandro Toledo deberá afrontar un nuevo juicio oral por el tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur, actualmente en fase de control de acusación. La fiscalía ha solicitado una pena de 16 años de prisión en este caso, sumándose a las ya numerosas acusaciones que pesan sobre el exmandatario.
Cabe recordar que Toledo ya fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión en el primer juicio oral por el caso de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica, el 21 de octubre del año pasado. Asimismo, ha sido notificado de la ampliación de su extradición para ser procesado por lavado de activos agravado en el Caso Ecoteva, donde enfrenta un pedido de 16 años y ocho meses de cárcel.
