Jorge Farid Gabino González
Escritor, articulista, profesor de Lengua y Literatura
Ahora que estamos en el llamado mes de las letras, y que por ello mismo se hace necesario decir cuando menos media palabra en torno a aquellos libros o autores que en virtud de sus indiscutibles calidad y talento han dejado una marca imperecedera en su paso por el mundo, no se nos ocurre manera mejor de sumarnos a la ya de por sí larga lista de escribidores que ha tenido a bien dedicar en los últimos días no poco de su valioso tiempo a la tarea en cuestión, que haciéndolo recordando lo que se preguntaba el gran escritor español Javier Marías, cuando durante su discurso de ingreso en la RAE se interrogaba acerca de “qué sentido tiene que hasta quienes jamás se han molestado en leer a Cervantes ni a Conan Doyle sepan sin embargo de sus criaturas, Don Quijote y Sherlock Holmes, y hasta sean capaces de reconocerlas inmediatamente si ven una estatua o una ilustración de ellas, a la vez que desconocen no ya lo que le sucedió a un vecino o a un hermano, sino lo que ocurrió en su propio país antes de su nacimiento…”.
Realidad esta la apuntada por Marías que, aunque en el ámbito de la literatura puede ser, y de hecho es, perfectamente viable, y no implica, por tanto, ninguna consecuencia de la que podríamos pesarnos luego, aplicada a otros contextos, como el de la política, por ejemplo, suele tener secuelas poco menos que desagradables, como veremos a continuación. Y es que por muy válido que resulte el que un gran porcentaje de los más de quinientos ochenta millones de hablantes que hoy tiene el español en todo el mundo, sea perfectamente capaz, como refería Marías, de reconocer a Don Quijote sin siquiera haber leído jamás a Cervantes, no ocurre lo mismo, sin embargo, cuando el libro de que se trata no es ya Don Quijote de la Mancha sino, por decir algo, la Constitución Política del Perú.
Que hablar, como se hace muchas veces, de Don Quijote sin haber leído nunca la obra cumbre de Cervantes, no afecta, bien vistas las cosas, a absolutamente a nadie. De hecho, a lo máximo a lo que podríamos llegar, a decir verdad, sería a confundir a gigantes con molinos de viento o a doncellas con putas. Lástima que no podamos decir lo mismo de nuestra Constitución. Pues la propensión de no pocos de nuestros actuales gobernantes a hablar del documento político más importante del país como si de grandes constitucionalistas se tratara, y ello, como todo hace indicar, sin siquiera haber tenido la decencia de leerlo antes, puede acarrearnos efectos nefastos para todos los peruanos, los mismos que, claro está, irían más allá de confundir a gigantes con molinos de viento o a doncellas con putas.
Porque no puede ser posible, en tal sentido, que se siga hablando muy alegremente de cambiar la Constitución, cuando salta a la vista que, como sucede con el presidente Castillo, se desconoce olímpicamente qué es aquello que supuestamente se quiere cambiar. Como si de lo que se estuviera hablando fuese de cualquier librito de dos por medio, y no de nuestra Carta Magna. Lo que por lo demás tampoco es que nos sorprenda demasiado. Son ya innumerables las ocasiones, a decir verdad, en las que el señor Pedro Castillo ha demostrado hasta el cansancio que, si hay algo en lo que destaca como nadie, es en el hecho de hablar de las cosas que no sabe.
Pero esta vez, claro, es distinto. Pues no se trata de que se haga el capricho de nadie. Se trata, básicamente, de que los cambios que se puedan implementar en nuestra Constitución respondan a los intereses de todos los peruanos, y no solo a los de un grupúsculo de sinvergüenzas que por encontrarse ahora en el poder se cree con el derecho de hacer lo que le da la gana con el país. Tenemos la responsabilidad de velar porque el Perú no se convierta en eso en que en los últimos nueve meses de gobierno de Castillo ha venido convirtiéndose de a pocos. Un país en el que la economía se encuentra por los suelos, un país en el que la libertad de expresión viene siendo seriamente amenazada, un país en el que no se precisa tener la más mínima preparación para ocupar puestos de alta responsabilidad, esto es, un lugar en el que la meritocracia ya no existe.
Y la mayor prueba de que ni el presidente ni muchos de los altos funcionarios que lo acompañan en el gobierno conocen en absoluto la Constitución es que ignoran que ella misma establece los mecanismos para su modificación, mecanismos que, de seguirse al pie de la letra, no tendrían por qué generar oposición ninguna. Pues los cambios, cuando son justificados y apuntan a la mejora, no tienen por qué ser temidos. Lo que sí es de temer, y de tener cuidado, es el evidente afán de continuar en el poder que tiene este gobierno. Estamos avisados.
