La controversia generada por la publicación de decretos supremos (publicados un día después de la renuncia del expresidente Kuczynski) que autorizan a Perupetro a suscribir cinco contratos petroleros con la empresa Tullow sigue levantando polvo y, por lo tanto, el Congreso debe investigar, afirman especialistas.
Los expedientes de los contratos de los lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68, ubicados todos en la zona norte del zócalo continental, tienen un sustento técnico, económico y legal que debieron ser solicitados por el Congreso si existía alguna suspicacia sobre su legalidad, explica Carlos Gonzales, gerente general de Enerconsult.
El fondo y las formas
Aurelio Ochoa, consultor en temas energéticos y expresidente de Perupetro, indicó que desde el punto de vista legal no hay impediente sobre lo actuado por Perupetro y el expresidente PPK, pues así lo estipula y permite la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
“La negociación directa es una de las opciones, quizás la última, que tiene Perupetro para adjudicar lotes”, subrayó.
Sin embargo, Ochoa explicó que lo que se cuestiona es que los DS salieron el mismo día que se fue el expresidente PPK, recurriendo a la negociación directa (a dedo) como última opción, no sin antes haber lanzado un concurso público o, como solución intermedia, invitar a las empresas a través de cartas.
“Hay otras posibilidades de adjudicación que de repente permitían mejores opciones para el país en cuanto a regalías e inversiones. Esa es la cuestión de fondo porque cinco lotes implica además cierta concentración en un mismo adjudicatario”, anotó.
Un aspecto central que destacó Ochoa es que dada esta situación, la discusión que existe en el Congreso sobre una nueva Ley de Hidrocarburos posibilitaría aclarar las dudas y vacíos que existen sobre la negociación directa, su conveniencia y cuándo debiera realizarse.
“Se debe revisar el tema de la adjudicación directa porque siempre puede dar origen a suspicacias sobre todo en un país como el nuestro”, recomendó.
Para Juan Castillo More, secretario general del Sindicato Unificado de Petroperú Talara, el Congreso a través de una comisión debe investigar el caso y definir responsabilidades tanto en el expresidente PPK, el MEM y en Perupetro. “Los antecedentes de PPK siempre fueron de favorecer a operadores privados, más aún en el sector hidrocarburos, en donde tiene muchos intereses”, advirtió.
Castillo More exhortó al Congreso a invitar a la Comisión Negociadora de Perupetro, al presidente, al gerente general y al gerente de contratación de Perupetro. La República
