Escándalo de corrupción

La sombra de la corrupción vuelve a cernirse sobre el gobierno regional liderado por Antonio Pulgar. Esta vez, las denuncias giran en torno al mantenimiento del hospital Carlos Ferrari, en Amarilis, tras un proceso de licitación que, según reportes preliminares, habría estado viciado por irregularidades graves.

Limber Rodríguez ha levantado la voz para denunciar lo que califica como un direccionamiento evidente en favor de la empresa ganadora, Consorcio Félix, que obtuvo el contrato por un monto de 876 000 soles, a pesar de que presentó documentos presuntamente falsos, según la OSCE. Además, Rodríguez destacó que otro participante, Consorcio Amarilis, ofreció una propuesta 50 000 soles más baja, pero fue descartada injustificadamente.

Rodríguez ha sugerido que detrás de este proceso podría haber una comisión del 25%, lo que implica un acto de corrupción de alto impacto. Esta denuncia refuerza las preocupaciones sobre las prácticas administrativas en el gobierno regional, señalando a Pulgar como responsable político del manejo cuestionable de los recursos públicos.

La Oficina de Control Interno (OCI) ya ha intervenido en este caso, iniciando las investigaciones necesarias para aclarar los hechos. Según fuentes cercanas a la entidad, la documentación presentada por la empresa Félix será clave para determinar la veracidad de las acusaciones. Por otro lado, se espera que el Ministerio Público asuma un rol activo en este proceso, asegurando que los responsables enfrenten las sanciones correspondientes.

La corrupción, lejos de detenerse, parece haberse refinado. Los casos como este, donde fondos destinados al desarrollo regional se utilizan de manera irregular, no solo detienen el progreso, sino que perpetúan la pobreza en las comunidades. En lugar de priorizar obras que transformen la calidad de vida de los ciudadanos, se evidencia un patrón de negligencia y aprovechamiento personal.

La ciudadanía espera que este caso no quede en el olvido y que tanto los líderes como las instituciones encargadas de fiscalizar cumplan con su deber. Es un momento crítico para demandar transparencia y sancionar ejemplarmente a quienes desvían recursos públicos.