La cifra podría seguir aumentando, según analistas. El Estado de Emergencia en Lima y Callao enfrenta duras críticas por su falta de efectividad frente a la ola criminal que azota al país.
La violencia no da tregua en el Perú. Entre el 10 y el 21 de octubre, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registró 54 homicidios a nivel nacional durante el Gobierno de José Jerí.
Entre las víctimas figura Eduardo Ruiz, el joven asesinado por un policía durante la movilización del 15 de octubre, una protesta que exigía frenar las extorsiones y el poder del crimen organizado.
El analista de datos Juan Carbajal advirtió que las cifras aún no están completas y que el número de asesinatos podría ser mayor.
Solo en lo que va del año, el Perú ha registrado 1.798 homicidios, lo que equivale a una víctima cada tres horas y 52 minutos, según datos oficiales del Sinadef.
Las regiones más golpeadas por esta ola de violencia son Lima (22 casos), La Libertad (10), Tumbes (4) e Ica (3).
Estado de emergencia sin rumbo
Ante la crisis, el Gobierno de José Jerí decretó estado de emergencia por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao, a partir del 22 de octubre. La medida prohíbe a los motociclistas llevar acompañantes y busca frenar las extorsiones y asesinatos.
Sin embargo, expertos y exautoridades califican esta acción como una repetición de fracasos pasados.
“El problema no se resuelve con más militares ni con restricciones”, sostuvo el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe. “Si no hay inteligencia ni planificación, será solo un show de un mes”, agregó.
Por su parte, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés afirmó que la extorsión se maneja desde los penales y que no se necesita un estado de emergencia para combatirla.
“La solución pasa por más investigación criminal, control tecnológico y regulación financiera”, precisó. Advirtió además que el llamado “gota a gota” —sistema de préstamos ilegales— no se detiene con medidas militares, sino con una ley que regule las tasas de interés del sistema formal.
Mientras el Ejecutivo busca contener el desborde de la criminalidad, los homicidios siguen creciendo y las calles del país se vuelven escenarios de miedo y desconfianza.
El asesinato de Eduardo Ruiz se ha convertido en símbolo del hartazgo ciudadano y de un reclamo que resuena con fuerza: “Queremos seguridad y justicia, no más promesas vacías.”
