El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha reavivado el debate sobre la pena de muerte para funcionarios corruptos, alineándose con la propuesta del líder etnocacerista Antauro Humala. En un discurso reciente, el burgomaestre sostuvo que el Perú debería retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para aplicar esta sanción extrema contra la corrupción en la función pública.
“En mi opinión, debemos retirarnos de esa Corte de Derechos Humanos, que no sirve para nada. Cualquier funcionario público, ya sea alcalde, ministro o presidente, debe enfrentar la pena de muerte. Pena de muerte. Y si no es posible aplicarla, entonces cadena perpetua”, declaró López Aliaga durante un evento en San Martín de Porres. Segun Valeria Mendoza Talledo para Infobae.
Su postura se suma a una reciente propuesta en el Congreso que busca endurecer las penas para delitos de corrupción, lo que ha generado un amplio debate sobre la viabilidad y las implicancias legales de esta medida.
El argumento de López Aliaga: Singapur como modelo anticorrupción
Durante su intervención, el alcalde de Lima puso como referencia a Singapur, país que, según él, habría implementado la pena de muerte para funcionarios corruptos, logrando una drástica reducción de estos delitos.
“En Singapur tenía un montón de problemas de corrupción. Pusieron pena de muerte y chao. Se acabó la corrupción”, aseguró López Aliaga, sugiriendo que una medida similar podría aplicarse en el Perú.
Sin embargo, esta afirmación no es del todo precisa. Si bien Singapur es reconocido por sus bajos índices de corrupción, el país no castiga estos delitos con la pena de muerte. Su éxito en la lucha anticorrupción se debe a una combinación de políticas estrictas, supervisión constante y altos estándares de transparencia en la administración pública.
El ex primer ministro Lee Kuan Yew fue el principal impulsor de esta estrategia, implementando una serie de medidas clave:
- Fortalecimiento de la Oficina de Investigaciones de Prácticas Corruptas (CPIB), un organismo autónomo con amplios poderes para investigar tanto al sector público como al privado.
- Leyes severas que incluyen largas condenas de prisión, multas elevadas y confiscación de bienes obtenidos de manera ilícita.
- Altos salarios para los funcionarios públicos, alineados con los del sector privado, para reducir incentivos al soborno.
- Meritocracia en la gestión pública, evitando el nepotismo y garantizando eficiencia en el manejo de recursos estatales.
A pesar de que Singapur aplica la pena de muerte en delitos como narcotráfico y crímenes violentos, esta sanción no se utiliza en casos de corrupción, contradiciendo la interpretación de López Aliaga sobre el sistema penal del país asiático.
¿Es viable la pena de muerte para corruptos en el Perú?
La propuesta del alcalde de Lima choca con límites constitucionales y compromisos internacionales asumidos por el Perú.
Actualmente, la Constitución Política del Perú, en su artículo 140, solo permite la pena de muerte para casos de traición a la patria en tiempos de guerra y terrorismo. Para extender su aplicación a otros delitos, el país tendría que modificar su Carta Magna y denunciar tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que implicaría salir de la Corte IDH.
En este contexto, el congresista Alfredo Pariona, de la Bancada Socialista, presentó un proyecto de reforma constitucional que busca ampliar la pena capital a delitos como:
📌 Corrupción de funcionarios públicos.
📌 Narcotráfico y crimen organizado.
📌 Extorsión.
📌 Crímenes contra la integridad de niños y adolescentes.
La iniciativa propone modificar el artículo 140 de la Constitución, permitiendo que el Estado denuncie los tratados internacionales que impiden la implementación de la pena de muerte en estos casos.
Sin embargo, la propuesta enfrenta fuertes críticas de expertos legales y organizaciones de derechos humanos, quienes argumentan que:
- No hay evidencia de que la pena de muerte reduzca la corrupción.
- El Perú podría enfrentar sanciones internacionales por violar tratados suscritos.
- La lucha contra la corrupción debe enfocarse en la prevención, transparencia y sanciones efectivas.
El impacto de la corrupción en el Perú
La corrupción es uno de los principales problemas del país, afectando el desarrollo económico, la infraestructura y la confianza ciudadana en las instituciones.
🔴 Según la Contraloría General de la República, el Perú perdió más de 24 mil millones de soles por corrupción en el 2023.
🔴 El 85% de peruanos considera que la corrupción es el mayor problema del país, según una encuesta de Ipsos.
🔴 Ex presidentes peruanos como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo han enfrentado investigaciones por corrupción.
Ante este panorama, muchos ciudadanos exigen sanciones más severas para los funcionarios corruptos, pero la viabilidad de aplicar la pena de muerte sigue siendo un tema controversial y de difícil implementación.
Conclusión
Las declaraciones de Rafael López Aliaga sobre la pena de muerte para funcionarios corruptos han reavivado el debate sobre cómo enfrentar la corrupción en el país. Sin embargo, su propuesta enfrenta obstáculos constitucionales, legales e internacionales que dificultan su aplicación.
Si bien es cierto que el Perú necesita medidas drásticas para combatir la corrupción, la experiencia de Singapur demuestra que el camino más efectivo es fortalecer las instituciones, aplicar sanciones severas y garantizar un sistema judicial eficiente y transparente.
El Congreso deberá debatir si la propuesta de extender la pena de muerte es viable o si, por el contrario, se deben buscar soluciones alternativas, como el fortalecimiento de la Contraloría, la modernización del sistema judicial y la creación de mecanismos de supervisión más estrictos.
Mientras tanto, queda abierta la pregunta: ¿Es la pena de muerte una solución real para acabar con la corrupción en el Perú o es solo un discurso populista sin sustento legal?
El tiempo y el debate político darán la respuesta.
