La presidenta Dina Boluarte expresó su indignación tras el asesinato de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo y abogó por abrir un debate nacional sobre la posibilidad de aplicar la pena de muerte a violadores de menores. Aunque esta medida enfrenta serias limitaciones legales debido al Pacto de San José de Costa Rica, del cual Perú es signatario, la mandataria destacó la urgencia de implementar sanciones más severas para estos delitos atroces.
Un llamado a medidas drásticas
En un evento realizado en la Fuerza Aérea del Perú, Boluarte se refirió al caso como un ejemplo de la impunidad que no debe tolerarse en el país. “No podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos. Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores”, declaró.
La presidenta también exhortó a la Policía Nacional del Perú (PNP), al Ministerio Público y al Poder Judicial a garantizar que no existan beneficios penitenciarios para quienes cometan delitos sexuales contra menores. “Nuestros niños y niñas son lo más sagrado de nuestras familias peruanas, y no debemos tener ningún tipo de contemplación con quienes los agreden”, añadió.
La inacción de las autoridades bajo la lupa
El asesinato de la menor ha generado un fuerte debate sobre la actuación de las autoridades. Según la familia de la víctima, la comisaría de José Gálvez no respondió adecuadamente tras la denuncia de desaparición. Sin embargo, el Ministerio del Interior aseguró que los procedimientos fueron seguidos correctamente.
El coronel José María Córdova, del Ministerio del Interior, afirmó que el comisario cumplió con las diligencias necesarias. A pesar de estas declaraciones, el padre de la niña aseguró que fue la familia quien identificó al sospechoso, Gerson Alexander Juárez Tapia, en el asentamiento humano Los Lúcumos de Pachacámac. El hombre confesó ser el autor del crimen tras ser localizado con ayuda de la geolocalización de una llamada telefónica.
Un debate recurrente en el Ejecutivo
La propuesta de Boluarte no es la primera vez que la pena de muerte se menciona como una posible solución para enfrentar crímenes graves en el Perú. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, también se mostró abierto a evaluar esta medida, señalando que es necesario revisar la legislación para abordar delitos tan graves como la violación de menores y el sicariato.
“El principio de defensa de los derechos humanos no excluye que se evalúen medidas drásticas cuando los delitos impactan de manera tan brutal a la sociedad”, indicó Arana durante su reciente interpelación en el Congreso.
El congresista Jorge Montoya, de Honor y Democracia, ha sido uno de los principales defensores de esta medida. En su intervención en el Parlamento, subrayó que la legislación peruana debe adaptarse para castigar de manera ejemplar a los agresores sexuales.
Desafíos legales y sociales
La implementación de la pena de muerte en el Perú enfrenta importantes obstáculos legales. Como parte del Pacto de San José de Costa Rica, el país se comprometió a no aplicar esta sanción excepto en casos de delitos graves ya contemplados en su legislación al momento de ratificar el tratado. La modificación de esta norma requeriría la denuncia del pacto, lo que podría implicar consecuencias políticas y diplomáticas para el país.
Especialistas en derechos humanos han señalado que la pena de muerte no ha demostrado ser un disuasivo efectivo contra los delitos violentos. Por el contrario, argumentan que es más urgente fortalecer los sistemas de prevención, persecución y sanción dentro del marco legal existente.
El caso que conmocionó al país
El asesinato de la niña de 12 años en Villa María del Triunfo es un recordatorio doloroso de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia peruano. Tras abandonar su hogar luego de una discusión con su madre, la menor fue contactada por su agresor, quien posteriormente confesó el crimen.
La familia de la víctima ha criticado duramente la inacción de la policía, acusándola de negligencia al no tomar medidas inmediatas tras la denuncia de desaparición. Aunque las autoridades aseguran haber actuado conforme a los protocolos, el caso evidencia una desconexión entre las expectativas de las familias afectadas y la capacidad de respuesta del sistema.
Reflexión final
La propuesta de debatir la pena de muerte en el Perú refleja la frustración de una sociedad que exige justicia y protección para los más vulnerables. Sin embargo, la implementación de esta medida no solo enfrenta barreras legales, sino también una discusión más amplia sobre su efectividad y las prioridades del sistema judicial.
Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte y su equipo tienen el desafío de demostrar que su compromiso con la justicia va más allá de las declaraciones, impulsando reformas integrales que fortalezcan la seguridad y el acceso a la justicia para todas las víctimas.
