En medio de una ola de críticas y una desaprobación creciente a su gestión, la presidenta Dina Boluarte reabrió el debate sobre la reinstauración de la pena de muerte en Perú. La mandataria presentó esta controvertida propuesta como una respuesta al asesinato de una menor de 12 años en Villa María del Triunfo, ocurrido el 8 de diciembre. Según Boluarte, la pena capital sería una “medida drástica” para combatir delitos atroces. Sin embargo, abogados especialistas y organizaciones de derechos humanos han calificado la iniciativa como una estrategia populista e inviable.
La inviabilidad legal de la propuesta
El abogado Juan José Quispe, especialista en derechos humanos, explicó que la propuesta enfrenta importantes obstáculos legales. Perú es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe la aplicación de la pena de muerte en los Estados que forman parte del tratado. “Somos parte de la competencia contenciosa administrativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y, por tanto, no podemos implantar la pena de muerte si no se denuncia primero el Pacto de San José”, precisó Quispe.
El proceso de denuncia implicaría que el Ejecutivo presente un proyecto ante el Congreso, el cual debería evaluar y decidir sobre el retiro del tratado. Este proceso podría durar más de un año, además de requerir pasos adicionales como la modificación de la Constitución. Para Quispe, esto convierte a la propuesta en una “gran cortina de humo” destinada a desviar la atención de los problemas actuales del país.
“Es populismo jurídico”
La crítica sobre el populismo de la propuesta fue compartida por el abogado penalista Mario Amoretti, quien sostuvo que esta medida no solucionará los problemas de inseguridad en el país. “Esto no soluciona el problema de inseguridad que vive el Perú. Es una propuesta populista para tapar la inacción del Gobierno y su baja aprobación”, señaló Amoretti.
El abogado constitucionalista Erick Urbina también destacó las falencias del sistema judicial peruano, argumentando que no garantiza procesos justos y libres de errores. Urbina recordó el caso del “Monstruo de Almendariz”, en el que se ejecutó a un hombre que posteriormente fue encontrado inocente. “El margen de error en nuestro sistema jurídico es considerable. Aplicar la pena de muerte sería un acto irresponsable en estas condiciones”, afirmó.
El Colegio de Abogados de Lima responde: “Pena de muerte también para los corruptos”
Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, ofreció una crítica diferente, sugiriendo que, bajo la lógica de la propuesta, la pena de muerte también debería aplicarse a los corruptos. “Aquí los corruptos están libres de polvo y paja a pesar de las leyes que se han venido dando. Si hablamos de pena de muerte para los violadores, ¿por qué no para los corruptos?”, cuestionó.
La corrupción es uno de los problemas más graves en Perú, y la declaración de Canelo pone de manifiesto la percepción de impunidad que rodea a este delito. El comentario también evidencia las inconsistencias en la aplicación de normas estrictas para unos sectores mientras otros parecen ser eximidos de responsabilidades.
Críticas por omisión ante abusos en comunidades indígenas
En contraste con su rápida respuesta al caso de Villa María del Triunfo, la presidenta Boluarte ha sido ampliamente criticada por su silencio ante las denuncias de violencia sexual en comunidades indígenas. Desde hace años, se conocen casos en Condorcanqui, donde al menos 564 estudiantes denunciaron abusos por parte de docentes y auxiliares entre 2010 y 2014.
La politóloga Paula Távara calificó la omisión de Boluarte como una muestra de desprecio hacia las poblaciones más vulnerables del país. “Este Gobierno ha actuado con absoluto desprecio hacia las comunidades indígenas desde el primer día. Proponer mano dura contra ciertos delitos, mientras ignora otros, demuestra que estas medidas no buscan resolver problemas reales”, declaró Távara.
Un debate que polariza al país
El anuncio de Boluarte sobre la pena de muerte ha polarizado la opinión pública. Por un lado, algunos sectores consideran que esta medida sería una respuesta justa y contundente a crímenes atroces. Por otro lado, especialistas y defensores de derechos humanos argumentan que es un paso hacia atrás en términos de derechos fundamentales y justicia.
Mientras tanto, el Gobierno enfrenta crecientes desafíos de legitimidad y gobernabilidad. Para muchos, la propuesta de la pena de muerte no es más que un intento por desviar la atención de problemas más urgentes, como la inseguridad ciudadana, la corrupción y la crisis económica.
Conclusión
El debate sobre la pena de muerte en Perú pone de relieve las tensiones entre la necesidad de justicia y las limitaciones legales e institucionales del país. Si bien la propuesta de Dina Boluarte parece responder al clamor popular por justicia en casos de delitos atroces, las críticas de especialistas y organizaciones evidencian que es una medida inviable y posiblemente peligrosa.
Con el tiempo, este tema podría desviar la atención pública de los problemas estructurales que enfrenta el país. Sin embargo, el verdadero desafío para el Gobierno será demostrar que puede abordar estos problemas de manera efectiva y sostenible, sin recurrir a soluciones populistas o mediáticas.
