El debate sobre el uso de la Policía Montada en el Perú ha resurgido con fuerza tras un reciente incidente donde una agente cayó de su caballo, asustado por pirotécnicos cerca del Estadio Nacional durante la llegada de la selección peruana. Este suceso reaviva una controversia que involucra la seguridad de los agentes, el bienestar animal y la eficacia de las tácticas policiales en el control de multitudes. La discusión se centra en si el despliegue de equinos es una herramienta necesaria para mantener el orden público o un riesgo innecesario tanto para los animales como para las personas.
Según la investigación publicada por El Comercio, la controversia en torno al uso de caballos por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) se remonta a una demanda de acción popular interpuesta en 2017, generando una serie de decisiones judiciales contradictorias que aún no han resuelto definitivamente la situación.
El análisis de la problemática revela la existencia de un vacío legal que permite interpretaciones divergentes sobre el rol de la Policía Montada. En 2019, la Primera Sala Constitucional Civil de Lima emitió un fallo que prohibía el uso de caballos en el control de protestas, basándose en estudios que demuestran la alta sensibilidad auditiva de los equinos y su vulnerabilidad ante elementos como bombas lacrimógenas. Sin embargo, esta decisión fue posteriormente anulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que consideró que la resolución original era incongruente y requería mayor sustento científico sobre la sensibilidad auditiva de los caballos.
Este vaivén judicial refleja una falta de consenso sobre la evidencia científica necesaria para determinar si el uso de caballos en situaciones de alta tensión es perjudicial para los animales. Mientras que algunos expertos argumentan que el estrés y el miedo que experimentan los caballos en estas situaciones son inaceptables, otros sostienen que la Policía Montada es una herramienta valiosa para el control de multitudes, especialmente ante la carencia de otros recursos como vehículos antidisturbios adecuados.
El trágico incidente de enero de 2024, donde un caballo murió tras ser atropellado por un bus luego de escapar asustado por la pirotecnia durante un evento deportivo, intensificó el llamado a la prohibición del uso de animales en el control de multitudes. La congresista Sigrid Bazán presentó un proyecto de ley en ese sentido, y organizaciones de defensa animal han expresado su rechazo al despliegue policial de caballos. La Defensoría del Pueblo también ha instado a evitar su uso, recordando la resolución judicial de 2019.
En contraste, el general PNP (r) Eduardo Pérez Rocha defiende la necesidad de mantener la Policía Montada, argumentando que la PNP carece de equipos alternativos para el control de disturbios. Señala que muchos países aún utilizan unidades equinas y que desmantelar la Policía Montada sería un error. Este argumento resalta la tensión entre la necesidad de mantener el orden público y la preocupación por el bienestar animal, una dicotomía que aún no ha encontrado una solución definitiva en el Perú.
