El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, admitió haber solicitado a la presidenta Dina Boluarte que intensificara la represión policial contra las manifestaciones que estallaron en el país entre diciembre de 2022 y abril de 2023, y que dejaron un saldo de 49 fallecidos y cientos de heridos.
“Yo le he exigido abiertamente en esa época, sea usted más dura con esa represión. Era más blanda al principio”, declaró Blume durante una entrevista con RPP Noticias.
Estas declaraciones han causado controversia, especialmente porque contradicen el discurso oficial que busca justificar las acciones policiales como una respuesta proporcional y legítima. Blume incluso afirmó que en aquellos meses ocurrió un “aniquilamiento de algunos oficiales”, pese a que solo se registró la muerte de un policía en ese periodo.
La defensa de Boluarte y los señalamientos internacionales
Blume no solo justificó la represión, sino que también salió en defensa de Boluarte ante las críticas por no haber notificado al Congreso sobre su cirugía estética (rinoplastia), confirmada por el expremier Alberto Otárola. Según el expresidente del TC, dicha intervención no representó una infracción constitucional.
“No incapacitaba a la presidenta del ejercicio del cargo. Era simplemente una intervención frecuente en las personas dentro de su actividad cotidiana”, sostuvo.
Estas declaraciones coinciden con una serie de intentos por proteger a la mandataria de procesos de vacancia e investigaciones judiciales, como lo demuestra su rol como abogado en el Caso Rolex, donde presentó un hábeas corpus a favor de Boluarte para anular los allanamientos en Palacio de Gobierno y su vivienda.
Denuncia penal internacional: Boluarte en la mira de la Corte Penal Internacional
La represión policial durante las protestas no ha quedado en el ámbito local. La presidenta Dina Boluarte ha sido denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI) por un grupo de 16 ciudadanos peruanos, entre ellos exministros como Marisol Pérez Tello, Mirtha Vásquez y Diego García Sayán.
El documento presentado detalla que las acciones de las autoridades peruanas resultaron en 49 muertes y 344 heridos, y acusa al Estado de cometer violaciones graves de los derechos humanos. Los denunciantes esperan que se inicie una investigación exhaustiva y se apliquen las medidas necesarias para garantizar justicia.
En un comunicado, los exministros subrayaron la importancia de que estos hechos no queden impunes:
“Estos eventos representan una grave violación de los derechos humanos y afectan los principios fundamentales de la democracia representativa en Perú”.
ONU: uso de fuerza letal injustificada
Un informe de 54 páginas elaborado por la ONU, al que Infobae Perú tuvo acceso, concluyó que el Estado peruano utilizó fuerza letal de manera indebida en múltiples casos durante las protestas.
“El Estado peruano hizo uso de la fuerza, incluida la fuerza letal con armas de fuego, fuera de las circunstancias que serían permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, lo que equivaldría a una privación arbitraria de la vida”, señala el documento.
El informe destaca que en varios de estos casos, las víctimas, incluyendo manifestantes y transeúntes, no representaban una amenaza aparente para las fuerzas de seguridad.
El costo político de la represión y el rol de Blume
Las declaraciones de Ernesto Blume han avivado el debate sobre el papel de las instituciones peruanas en la crisis política. Su postura a favor de una mayor represión contrasta con las demandas de transparencia y rendición de cuentas que la ciudadanía y organismos internacionales exigen.
Además, su defensa abierta de Boluarte, tanto en el contexto de las protestas como en el caso de su cirugía, ha generado críticas sobre la imparcialidad de su postura como figura jurídica y política.
Con denuncias internacionales en curso, una desaprobación presidencial que ronda el 90%, y un Congreso que parece cerrar filas en torno al Ejecutivo, la crisis de derechos humanos y gobernabilidad en el Perú sigue siendo un tema candente en la agenda pública.
Conclusiones
La solicitud de Blume para intensificar la represión y sus intentos de minimizar las consecuencias legales y políticas para Boluarte revelan una desconexión entre las élites políticas y las demandas de justicia de los sectores más afectados. Mientras tanto, el Perú enfrenta un escrutinio internacional sin precedentes, con la posibilidad de sanciones o medidas cautelares que podrían marcar un hito en la lucha contra la impunidad en América Latina.
Las próximas semanas serán decisivas para definir el rumbo de las investigaciones internacionales y la legitimidad de un gobierno que, pese a contar con respaldo político interno, carece de apoyo ciudadano.
