El representante legal de la EPS Inkayacu SAC, Luis Verástegui Ramírez, denunció públicamente la presunta instalación ilegal de un segundo proveedor de agua en sectores altos de Huánuco.
Según explicó en entrevista con el Diario Ahora, se trataría de un grupo que estaría promoviendo la construcción de un canal de aproximadamente 25 kilómetros para trasladar agua hacia zonas de asentamientos humanos sin contar con permisos legales ni reconocimiento institucional.
“Estamos siendo víctimas de una estafa”, declaró Verástegui. Agregó que este proyecto no cuenta con autorización del ANA (Autoridad Nacional del Agua), ni con resolución municipal, y advirtió que podría tratarse de un intento de manipular políticamente a la población.
La EPS Inkayacu SAC sostiene que posee tanto la licencia de uso de agua como el reconocimiento de la municipalidad como operador especializado, documentos que –según manifestó– habilitan exclusivamente a la empresa para brindar el servicio en esa jurisdicción.
Usuarios dejan de pagar
El representante de la empresa sostuvo además que la difusión de esta propuesta no autorizada ya estaría generando efectos nocivos en la población usuaria. Verástegui indicó que al menos el 50 % de los usuarios habría dejado de pagar el servicio, bajo la expectativa de que una nueva fuente de agua gratuita sería instalada en breve, lo que considera inviable y engañoso.
“Nosotros seguimos operando con todos los permisos, pero esta campaña ha hecho que los vecinos se desinformen y abandonen sus responsabilidades como usuarios”, lamentó.
Asimismo, detalló que su empresa paga anualmente por la licencia de uso de agua al ANA y realiza controles de calidad periódicos certificados por DIRESA.
Proyecto sin aval legal
Verástegui alertó que permitir la coexistencia de dos operadores en una misma zona contraviene el marco legal del sector saneamiento y podría derivar en un conflicto social. “Donde ya hay un operador legal no puede entrar otro; eso está estipulado por ley”, enfatizó. El empresario explicó que su solicitud a las autoridades es simple: “que se respete el marco legal y se evite legitimar actos fuera de la norma”.
También expresó su preocupación porque, según dijo, algunas autoridades locales estarían dejando abierta la posibilidad de apoyar este nuevo proyecto, sin haber verificado su legalidad.
DATO
Verástegui invocó a la población de los asentamientos humanos de la margen izquierda de Huánuco a no dejarse influenciar por versiones no oficiales y desinformadas. “Siempre hemos estado con ellos, incluso en la pandemia. No es justo que se nos trate como si hiciéramos daño. Queremos seguir sirviendo, pero con reglas claras para todos”, concluyó.
