En Huánuco, el agua no solo desborda los ríos: desborda también la paciencia del pueblo. Los últimos episodios ocurridos en José Crespo y Castillo, así como en Margos, reflejan el hartazgo colectivo ante una gestión pública que parece naufragar en su propia ineficiencia. Las lluvias inundan las calles, pero la corrupción inunda las instituciones.
Mientras los pobladores de Aucayacu exigían la reanudación de una obra esencial —el puente que debía unir y hoy divide a su distrito—, las autoridades respondieron con evasivas. La escena fue simbólica: un alcalde refugiado en su despacho, funcionarios escondidos tras las puertas de una municipalidad sitiada por la frustración de su gente. Es el retrato perfecto de un poder local desconectado de la realidad, de autoridades que prometen con voz de campaña pero gobiernan con el silencio de la indiferencia.
Por otro lado, en Margos, otro alcalde —Clever Torres Bernardo— fue rescatado entre sillas y palos de una multitud enfurecida. No fue un estallido gratuito, sino la consecuencia directa de un hecho que indigna: el presunto uso indebido de bienes públicos, un volquete municipal empleado fuera de su jurisdicción y vinculado a un accidente mortal. Frente a eso, la población no calló. Y aunque la violencia nunca puede justificarse, tampoco puede ignorarse la causa que la origina: el abuso del poder y la impunidad.
El pueblo ya entendió que esperar en silencio es perder el derecho a exigir. Las marchas de Aucayacu y Margos no son simples manifestaciones: son el eco de todas las comunidades que han sido postergadas por autoridades que confunden gestión con promesa. Si la institucionalidad no responde, la calle se convierte en el último espacio de control social.
El problema no es solo de dos municipios. Es estructural. Es la misma lógica que deja obras inconclusas, que alquila maquinaria pública para usos privados, que posterga la ejecución presupuestal mientras las emergencias naturales y sociales golpean a los más vulnerables. Desde los ríos desbordados hasta las plazas llenas de indignación, la región clama por un cambio profundo en la forma de gobernar.
La ciudadanía no pide milagros: pide transparencia, cumplimiento y respeto. Pide que los alcaldes y funcionarios recuerden que fueron elegidos para servir, no para servirse. Que entiendan que las lluvias pasan, pero la corrupción deja huellas más hondas que cualquier inundación.
Hoy más que nunca, las protestas son una señal de esperanza. Porque cuando el pueblo decide no callar, comienza la verdadera limpieza: no de las calles, sino del sistema.
