El reciente anuncio de la congresista huanuqueña Elizabeth Medina sobre su intención de postular al Senado en las Elecciones Generales de 2026 no puede analizarse como un hecho aislado ni reducido a una decisión personal. Se produce en un escenario marcado por un profundo malestar ciudadano frente al Congreso de la República y, en general, frente a una clase política que no logra reconectar con la población ni revertir su desgaste institucional.
Hoy, el problema de fondo no es únicamente quién postula ni desde qué partido lo hace, sino el contexto en el que estas candidaturas emergen. Las reiteradas apelaciones al “pedido del pueblo” contrastan con una percepción ampliamente extendida de lejanía entre los discursos políticos y las preocupaciones reales de la ciudadanía. La baja aprobación del Congreso no es un dato menor ni una anécdota coyuntural; es el reflejo de años de decisiones cuestionadas, enfrentamientos estériles y escasos resultados tangibles para la población.
Este descontento no distingue regiones, ideologías ni bancadas. La crítica alcanza a la mayoría de congresistas y a numerosos funcionarios públicos, percibidos como más preocupados por la supervivencia política que por la rendición de cuentas. En ese contexto, declaraciones que resaltan la vocación de servicio, la fiscalización o la producción legislativa resultan insuficientes si no vienen acompañadas de evaluaciones claras, cifras concretas y, sobre todo, autocrítica. La ciudadanía ya no se conforma con buenas intenciones: exige resultados verificables.
El cambio de partido político, justificado como una coincidencia de principios y una afinidad con una visión social, también pone en evidencia una práctica recurrente en la política nacional: la fragilidad de los compromisos partidarios. Cuando las organizaciones políticas son presentadas como simples instrumentos para llegar al poder, se debilita la noción de proyecto colectivo y se refuerza la idea de que la política se ha vuelto un ejercicio individualista, carente de identidad programática sólida.
A ello se suma un problema recurrente: las promesas generales sin sustento técnico. Propuestas como la reducción de brechas salariales o el aprovechamiento de bonanzas económicas suenan atractivas, pero pierden credibilidad cuando no se explican los mecanismos, los costos ni las consecuencias reales. Esa falta de precisión alimenta el escepticismo y profundiza la desconfianza ciudadana.
La crisis de representación que atraviesa el país no se resolverá con relatos personales ni con discursos centrados en el esfuerzo individual. Lo que la población demanda es coherencia, transparencia y responsabilidad. Mientras la clase política no asuma con seriedad el rechazo ciudadano y no ofrezca respuestas claras y sostenibles, cada nueva candidatura seguirá siendo vista no como una esperanza de cambio, sino como un síntoma más de una política desconectada de la realidad nacional.
