Las lluvias inusuales y la inestabilidad climática que golpean a Huánuco no solo están alterando el paisaje y la rutina diaria; están poniendo a prueba, una vez más, la capacidad del sistema de salud y la claridad con la que las autoridades comunican riesgos y responsabilidades. La reciente muerte de un adulto mayor con diagnóstico de dengue y el reporte de una muerte materna “indirecta” en el Hospital de Tingo María han reabierto un debate que no puede despacharse solo con precisiones técnicas.
Es comprensible —y necesario— que la autoridad sanitaria busque explicar con rigor médico las causas de un fallecimiento. Diferenciar entre diagnóstico principal y comorbilidades forma parte del lenguaje clínico. Sin embargo, cuando se trata de salud pública, el mensaje no puede limitarse a deslindes. Para la ciudadanía, que escucha “dengue” y “fallecimiento” en la misma frase, la señal es de alerta. Minimizar esa percepción o insistir exclusivamente en el carácter “importado” del caso corre el riesgo de transmitir una falsa sensación de control.
El dengue no reconoce fronteras administrativas. Que el paciente haya llegado desde Ucayali no reduce la obligación de reforzar la vigilancia, la prevención y la capacidad de respuesta en Huánuco, más aún en un contexto de lluvias persistentes que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti. El cambio climático está alterando patrones históricos y exige abandonar la comodidad de las estadísticas pasadas. Que no haya muertes por dengue en dos años no garantiza que el riesgo siga siendo bajo hoy.
La muerte materna, aunque catalogada como “indirecta”, merece una reflexión similar. Cada fallecimiento de una gestante o puérpera es un fracaso colectivo del sistema, incluso cuando la causa inmediata no sea obstétrica. La línea que separa lo “directo” de lo “indirecto” puede ser válida para los informes, pero para la sociedad la pregunta es otra: ¿existían las condiciones para detectar a tiempo el riesgo y responder de manera integral?
Es positivo que se haya activado un equipo de respuesta rápida y que se anuncien acciones de prevención, vacunación y alerta al personal de salud. Pero estas medidas deben traducirse en hechos verificables, sostenidos en el tiempo y acompañados de una comunicación transparente, que informe sin alarmar, pero que tampoco relativice los riesgos.
La referencia al convenio con Ucayali abre, además, un tema de fondo: la interdependencia regional. Compartir emergencias implica compartir también recursos, planificación y financiamiento. Sin datos claros sobre el impacto real de estas derivaciones, la preocupación por la sobrecarga hospitalaria seguirá latente.
