El Congreso de la República inició un intenso debate en torno a la posible inhabilitación por diez años del expresidente Martín Vizcarra, una medida que surge tras la controversia generada por la disolución del Parlamento en octubre de 2019. Este proceso, cargado de implicaciones políticas y constitucionales, también contempla sanciones, aunque de menor duración (cinco años), para los ex presidentes del Consejo de Ministros, Salvador del Solar y Vicente Zeballos.
Según la investigación publicada por El Comercio, la sesión plenaria comenzó con la presentación de los argumentos a favor y en contra de las acusaciones constitucionales, marcando un punto álgido en la evaluación de las acciones del exmandatario y sus colaboradores durante un período de alta tensión política en el país.
El informe final presentado ante el pleno del Congreso argumenta que la suspensión del procedimiento de elección de magistrados para el Tribunal Constitucional (TC) no podía ser objeto de una cuestión de confianza, pues no se trataba de un proyecto de ley. En consecuencia, según el informe, el entonces presidente Vizcarra no tenía la facultad de interpretar que la elección de un magistrado implicaba una denegación de la confianza por parte del Parlamento. Esta interpretación es crucial para entender la acusación de infracción constitucional que pesa sobre el expresidente.
En el caso de Salvador del Solar, se le imputa el haber planteado una cuestión de confianza para suspender el proceso de selección de magistrados del TC sin que esta propuesta haya sido debidamente discutida y aprobada en sesión del Consejo de Ministros. Este punto es central en la acusación, ya que cuestiona la validez del procedimiento seguido por el entonces jefe de gabinete.
Vicente Zeballos, por su parte, es señalado por haber refrendado el Decreto Supremo 165-2019-PCM, norma que, según el informe, contenía información inexacta al precisar que la cuestión de confianza no buscaba suspender la elección de los magistrados del TC, un hecho que no habría sido aprobado por el Consejo de Ministros. La controversia radica en la discrepancia entre el contenido del decreto y lo efectivamente discutido y aprobado por el gabinete ministerial.
Durante la sesión, se generó un debate en torno a la presencia de Alejandro Salas, abogado de Martín Vizcarra, en el hemiciclo. Mientras algunos congresistas solicitaron su retiro, argumentando una falta de respeto al Congreso, otros abogaron por su permanencia, defendiendo su derecho a ejercer la defensa de su cliente. Este incidente refleja la polarización que rodea el caso y la intensidad del debate político.
Héctor Ventura, congresista a cargo de sustentar el informe final, enfatizó que las actas de las sesiones del Consejo de Ministros del 27 y 29 de septiembre de 2019 no evidencian que la elección de los miembros del TC haya sido incluida como punto de agenda. Además, Ventura calificó el cierre del Congreso por parte de Vizcarra como un acto inconstitucional que marcó uno de los capítulos más desafortunados en la historia del país.
