La corrupción dentro de la administración pública peruana vuelve a ser el foco de atención, esta vez vinculada a la seguridad alimentaria de menores. Una operación conjunta entre la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía ha destapado una presunta red criminal denominada “Los Fríos del Hambre”, responsable del encubrimiento en el caso de intoxicación masiva que afectó a 23 escolares en marzo de este año en Cabana, provincia de San Román.
Según la investigación publicada por El Comercio, las autoridades ejecutaron cuatro allanamientos simultáneos en las regiones de Arequipa y Puno, con el objetivo de recabar pruebas que vinculen a los implicados con los delitos investigados. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para desarticular organizaciones criminales que operan al amparo de contratos con el Estado, proveyendo bienes y servicios.
Ronald Loza Machicao, un funcionario clave de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno, ha sido detenido como principal sospechoso. Su captura tuvo lugar en el hotel AuroMar INN, ubicado en la avenida El Sol de la ciudad de Puno, mientras que simultáneamente se allanaba un inmueble de su propiedad en la urbanización Las Colonial III, en el distrito de Paucarpata, Arequipa. Las investigaciones apuntan a que Loza habría recibido sobornos para manipular los análisis microbiológicos de las conservas de pescado marca Don Simón, distribuidas por el programa estatal Qali Warma, un programa social de alimentación escolar que busca garantizar el acceso a alimentos nutritivos para niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con el Ministerio Público, la empresa proveedora Frigoinca S.A.C. habría sido la responsable de entregar los pagos ilícitos a Loza. La finalidad de estos sobornos, presuntamente, era alterar los resultados de los exámenes y ocultar la contaminación del producto, desviando así la responsabilidad hacia un supuesto consumo de agua en mal estado por parte de los estudiantes. La trama corrupta, de confirmarse, habría puesto en grave riesgo la salud de los menores, priorizando intereses económicos sobre la seguridad alimentaria.
Un elemento clave en la investigación son los depósitos realizados por Noemí Alvarado, trabajadora de Frigoinca, a la cuenta personal de Loza. Estos movimientos financieros, identificados por las autoridades fiscales, refuerzan la hipótesis de una red de corrupción que operaba desde el interior del sistema sanitario regional para proteger los intereses de Frigoinca. Cabe recordar que Nilo Burga, el propietario de la empresa, falleció recientemente en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, añadiendo un nuevo nivel de complejidad al caso.
El origen del escándalo se remonta a marzo de 2024, cuando al menos 23 estudiantes de la institución educativa Gamaliel Churata, en Cabana, sufrieron una intoxicación tras consumir conservas de pescado proporcionadas por Frigoinca. Los menores fueron atendidos en el hospital Carlos Monge Medrano, y el incidente generó una ola de indignación y preocupación a nivel nacional. Desde entonces, las investigaciones han avanzado hasta llegar a las detenciones y allanamientos de esta semana. Las autoridades fiscales sostienen que Loza habría influenciado directamente en los informes sanitarios para evitar sanciones a Frigoinca y asegurar su continuidad como proveedor del programa Qali Warma.
La operación en curso representa un paso importante en la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos de la infancia. Las investigaciones continúan para identificar a todos los involucrados en esta trama y determinar el alcance total de los delitos cometidos. Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en los programas sociales, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.
