La inteligencia artificial generativa, una tecnología en constante evolución, ha sido objeto de debate y controversia en los últimos años, especialmente en lo que respecta a su regulación. Inicialmente, líderes tecnológicos abogaron por la intervención gubernamental, pero la situación ha experimentado un giro radical tras la elección del Presidente Trump.
Según la investigación publicada por The New York Times, durante poco más de dos años, figuras prominentes en el desarrollo de la inteligencia artificial solicitaron a los legisladores en Washington que regularan su sector. Esta postura, motivada por preocupaciones sobre el impacto potencial de la IA generativa, ha sido modificada sustancialmente.
Las advertencias iniciales se centraban en la capacidad de la IA generativa para crear texto e imágenes indistinguibles de las producidas por humanos, lo que planteaba serias amenazas a la seguridad nacional, la integridad de los procesos electorales y la estabilidad del mercado laboral. Sam Altman, CEO de OpenAI, testificó ante el Congreso en mayo de 2023, expresando su temor a que la IA pudiera “salir mal” y enfatizando la necesidad de colaboración con el gobierno para mitigar tales riesgos. Este testimonio se produjo en un contexto de creciente preocupación pública y académica sobre los dilemas éticos y sociales que plantea la IA. Recordemos que, en 2022, la Unión Europea ya había comenzado a trabajar en una legislación integral sobre IA, el “AI Act”, marcando un precedente global.
Sin embargo, la llegada de la administración Trump marcó un punto de inflexión. Líderes tecnológicos y sus empresas han adoptado una postura más audaz, solicitando al gobierno que se mantenga al margen de la regulación, en un esfuerzo por acelerar el desarrollo y la implementación de sus productos. Este cambio de estrategia coincidió con la creciente competencia global en el campo de la IA, particularmente con China, que ha invertido fuertemente en esta tecnología.
En las últimas semanas, gigantes tecnológicos como Meta, Google y OpenAI han instado a la administración Trump a bloquear las leyes estatales sobre IA y a declarar legal el uso de material protegido por derechos de autor para entrenar sus modelos. Además, están presionando para utilizar datos federales en el desarrollo de la tecnología, así como para obtener un acceso más fácil a fuentes de energía para satisfacer sus enormes demandas informáticas. Se estima que el entrenamiento de un modelo de IA a gran escala puede consumir tanta energía como cientos de hogares en un año.
Las empresas tecnológicas también buscan activamente incentivos fiscales, subvenciones y otras formas de apoyo financiero. Este cambio de paradigma ha sido facilitado por el Presidente Trump, quien ha proclamado que la IA es el arma más valiosa de la nación para superar a China en tecnologías avanzadas. Su administración ha priorizado el desarrollo y la aplicación de la IA como una cuestión de seguridad nacional y competitividad económica, lo que ha abierto la puerta a un enfoque menos regulatorio y más favorable a la innovación empresarial.
Es crucial señalar que, en 2024, la inversión global en IA superó los 200 mil millones de dólares, según datos de la consultora Gartner, lo que subraya la importancia económica y estratégica de este sector. La actual postura de la administración Trump, respaldada por las grandes tecnológicas, plantea importantes interrogantes sobre el futuro de la regulación de la IA y sus implicaciones para la sociedad.
