Una millonaria obra pública en la provincia de Lauricocha fue adjudicada por el Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco) a un consorcio liderado por Grupo Pérgola SAC, empresa que estaría vinculada a presuntos testaferros del entorno político del gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta.
El comité de selección, designado por la gestión del gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, no habría verificado la composición societaria en registros públicos y habría abierto las puertas a una de las constructoras que ha hecho una fortuna con obras cuestionadas en el territorio peruano. Asimismo, trascendió que el consorcio, con el Grupo Pérgola, fue el único postor que se presentó en la licitación.
Accionistas sin perfil financiero
El 23 de agosto de 2023 el Gobierno Regional de Huánuco adjudicó la buena pro de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud estratégico de Baños” al Consorcio Salud Lauricocha, por un total de S/ 38 253 053.53. El consorcio está conformado por Grupo Pérgola SAC y RIVA SAIICFA.
Grupo Pérgola SAC tiene como socias a Beatriz Benique Quispe, una vendedora de desayunos en Villa El Salvador que posee el 50% de acciones, y a Celeste Flores Carrillo, exbarrendera municipal, con el 25%. Ambas carecen de historial empresarial y experiencia técnica en el rubro de construcción pública.
Estas figuras han sido señaladas como presuntos testaferros por Panorama, medio que vincula a esta empresa con adjudicaciones por más de S/ 2,500 millones en diversas regiones del país, incluyendo La Libertad, Huánuco y Ayacucho.
¿Vínculos con César Acuña y Antonio Pulgar?
Grupo Pérgola SAC ya había sido señalado anteriormente en contratos vinculados al gobierno regional de La Libertad, bajo la gestión de César Acuña Peralta. La adjudicación realizada en Huánuco por la gestión de Antonio Pulgar amplía las sospechas de una red de contrataciones coordinadas mediante empresas fachada, empleando como socias a personas de bajos recursos sin capacidad financiera comprobada.
Hasta la fecha, ni el Gobierno Regional de Huánuco ni la gestión de Pulgar han aclarado si existió algún tipo de vínculo previo con las empresas integrantes del consorcio. Tampoco se ha informado si se solicitó información al Registro Nacional de Proveedores, la SUNAT o los Registros Públicos para verificar la estructura real del grupo empresarial que encabeza el consorcio ganador.
Omitió verificación
El comité encargado de evaluar el proceso de selección fue el N.º 021-2023-GRH/GRA, integrado por Edwin Becker Fernández Cotrina (presidente), Joel Primo Isidro y David Caqui Acosta. Según fuentes periodísticas, uno de estos funcionarios tendría antecedentes por corrupción, situación que agrava los cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso.
El comité no habría realizado un análisis exhaustivo de los registros públicos para validar la idoneidad técnica y financiera del consorcio Salud Lauricocha, a pesar de que ya existían denuncias abiertas en medios de comunicación sobre la verdadera composición accionaria de Grupo Pérgola SAC.
Tampoco se tomaron acciones tras la anulación de una primera adjudicación, donde el consorcio fue sancionado por no presentar su garantía de fiel cumplimiento.
Aun así, se le permitió participar nuevamente, resultando nuevamente adjudicado con un monto mayor al inicial. No se ha explicado públicamente por qué no se inhabilitó su postulación tras el incumplimiento previo.
Empresa socia inhabilitada
La otra empresa que conforma el consorcio, RIVA SAIICFA Sucursal del Perú, habría estado suspendida judicialmente al momento de la adjudicación. La resolución judicial N.º 01, emitida por el Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de Lima el 31 de agosto de 2023, dispuso la suspensión de sus actividades. Esta empresa también ha sido señalada en otros procesos por presuntos incumplimientos contractuales.
EL DATO
La falta de verificación de la composición societaria del consorcio Salud Lauricocha, y la omisión de antecedentes públicos ampliamente difundidos, dejan serias dudas sobre la transparencia del proceso y sobre la existencia de posibles arreglos entre gestiones regionales con intereses comunes.
