El Colegio de Abogados de Huánuco exigió la intervención inmediata de Provías Nacional para ejecutar trabajos de mantenimiento y refacción en el tramo Chicrín–Tingo María de la Carretera Central, cuya vía actualmente fue declarada en emergencia por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El pronunciamiento fue realizado por el decano del gremio, Hernán Cajusol Chepe, quien advirtió que, de persistir la inacción, el Colegio de Abogados interpondrá una denuncia penal contra los funcionarios responsables de Provías por presunta omisión de actos funcionales.
Según sostuvo Cajusol, el Ministerio de Transportes emitió en los primeros días de agosto la Resolución Ministerial N.º 2025-2025, en la que se declara el estado de emergencia de la vía comprendida entre los tramos Chicrín–Ambo y Puente Rancho hasta el kilómetro 65.
Esta resolución obliga a Provías Nacional a iniciar de inmediato los trabajos necesarios para la recuperación del tramo, que se encuentra en condiciones que, según sus propias palabras, son “intransitables y peligrosas”.
“La ciudadanía ha sido testigo de múltiples accidentes de tránsito, demoras prolongadas en los desplazamientos y daños materiales a vehículos de transporte público y privado debido al deterioro progresivo de esta vía nacional”, dijo.
Alerta por lluvias
Según Cajusol, la situación se agrava por la cercanía de la temporada de lluvias, lo que podría intensificar los riesgos para quienes transitan por la carretera.
Cajusol indicó que hasta el cierre de agosto no existen señales de que Provías haya iniciado los trabajos exigidos en la resolución ministerial ni ha emitido comunicados públicos informando avances, contrataciones o presupuesto asignado.
Añadió que la normativa ministerial otorgaba a la entidad un plazo de diez días para detallar las acciones programadas o en curso. Sin embargo, afirmó que ese plazo ya se ha cumplido sin ningún resultado tangible.
El Colegio de Abogados de Huánuco, según explicó Cajusol, ha difundido el pronunciamiento también a través de sus canales institucionales como una forma de alertar a la opinión pública y solicitar presión social. El objetivo principal, insistió, es que Provías cumpla con su mandato legal y se garantice la seguridad vial para la población.
Desconfianza en Provías
Durante la conferencia, Cajusol anunció que si Provías Nacional no responde en el corto plazo, el Colegio procederá a interponer una denuncia penal por omisión de actos funcionales. La acusación estaría dirigida, según declaró, a las máximas autoridades del organismo técnico, responsables de ejecutar el mantenimiento de la red vial nacional.
Para el gremio, no actuar ante una resolución con carácter de emergencia representa un incumplimiento funcional que podría ser sancionado penalmente.
La medida legal sería presentada ante el Ministerio Público, y el gremio afirma estar recopilando la documentación necesaria para sustentar la acción judicial.
Cajusol señaló que, si bien entienden que podrían existir trabas administrativas, la ausencia total de información por parte de Provías genera sospechas que no pueden ser ignoradas. “Esperamos que esto no sea un acto de corrupción, pero mientras tanto no se puede mantener la vía paralizada sin justificación”, expresó el decano.
Durante su intervención, el vocero del Colegio también hizo énfasis en la urgencia de actuar antes de que ocurran nuevas víctimas mortales. “No podemos esperar a que este tema se agrave más, mientras las autoridades se mantienen plácidamente sin actuar. La carretera está colapsando”, añadió.
El dato
El pronunciamiento también incluyó una crítica directa al Gobierno Regional de Huánuco por no asumir un rol activo frente a la problemática de la Carretera Central. Aunque reconoció que el mantenimiento de la vía corresponde al gobierno central, Cajusol cuestionó que el gobernador regional no haya gestionado ninguna medida ante el MTC. “No hemos visto un solo comunicado, una carta formal, o una presión política por parte del Gobierno Regional. Eso es inaceptable”, comentó.
