EE.UU. advierte que el megapuerto de Chancay podría costar soberanía a Perú, tras un polémico fallo judicial que impide la supervisión estatal, generando una fuerte controversia.
El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, lanzó una dura advertencia este 11 de febrero, criticando un reciente fallo judicial que restringe la supervisión peruana sobre el puerto de Chancay. Este suceso ha encendido las alarmas sobre el futuro de la soberanía nacional en infraestructuras clave.
Según la investigación publicada por Exitosa Noticias, la decisión del Primer Juzgado Constitucional de Lima, emitida el 1 de febrero, ha generado un terremoto político y económico. El megapuerto, un proyecto valuado en cerca de 3.6 mil millones de dólares, busca convertirse en el principal hub logístico del Pacífico sudamericano, pero su operación sin supervisión pública plantea serias interrogantes sobre el control estatal y la seguridad estratégica.
Estados Unidos advierte sobre “dinero chino barato” y el costo de la soberanía peruana
El embajador Navarro fue directo en sus declaraciones, afirmando: “Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía”. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. respaldó esta postura mediante un pronunciamiento oficial en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter) el mismo 11 de febrero, recalcando el apoyo al derecho soberano de Perú a supervisar su infraestructura crítica. Calificaron de “depredadores” a los propietarios chinos, Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., una empresa con el 87% de participación en el proyecto, haciendo un llamado global para que la situación “sirva como advertencia” ante prácticas que erosionan el control nacional. Este mensaje directo busca poner un freno a lo que consideran una estrategia de Beijing.
¿Quién debe supervisar realmente el megapuerto de Chancay?
La controversia surge de un fallo judicial que otorga a Cosco Shipping una “exclusividad” operativa, impidiendo que organismos como OSITRÁN, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) o la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) ejerzan su rol fiscalizador pleno. Esta decisión ha generado un vacío legal que beneficia a la empresa privada china, cuestionando el principio de servicio público que debe regir una infraestructura de esta magnitud. El megapuerto, al ser una “puerta de entrada” para el comercio hacia el Asia, requiere de una fiscalización robusta que asegure el cumplimiento de todas las leyes peruanas, desde las ambientales hasta las de seguridad nacional, un pilar fundamental para el desarrollo del país en los próximos 50 años.
Chancay: un proyecto vital para la economía y el comercio regional
El megapuerto de Chancay, ubicado en la provincia de Huaral, a solo 80 kilómetros al norte de Lima, es una obra clave con una inversión inicial de 1.3 mil millones de dólares en su primera fase. Se proyecta como un nodo que conectará directamente a Sudamérica con Asia, reduciendo tiempos y costos de transporte en hasta 10 días, prometiendo ser el motor de un Corredor Bioceánico que redefinirá el comercio en la región.
¿Qué acciones tomará OSITRÁN frente a este polémico fallo judicial?
Verónica Zambrano, presidenta de OSITRÁN, fue enfática al anunciar que su organismo apelará el fallo. Sostuvo que, aunque Cosco Shipping sea una empresa de capital privado, al brindar un “servicio público esencial” de transporte, debe estar sujeta a la supervisión estatal según el marco legal peruano. “Ellos son una empresa de uso público”, indicó Zambrano, explicando que la condición de servicio público acarrea consecuencias legales que incluyen la fiscalización obligatoria por parte de OSITRÁN. La entidad busca hacer valer su mandato de supervisar a todas las prestadoras de servicios públicos en infraestructura de transporte para garantizar la transparencia y la seguridad de las operaciones en un puerto que manejará millones de toneladas de carga anualmente.
Detalles técnicos y financieros del gigante de Chancay
Con una inversión total estimada en 3.6 mil millones de dólares, el megapuerto de Chancay incluye la construcción de 4 muelles para contenedores y carga a granel en su primera etapa, con un calado de 16 metros, capaz de recibir a los buques más grandes del mundo, conocidos como “Neo-Panamax”. La empresa china Cosco Shipping Ports posee el 60% de las acciones del consorcio, mientras que la minera peruana Volcan S.A.A. (ahora parte de Cosco) ostenta el 40% restante. La operación comercial está prevista para fines de 2024, generando alrededor de 1000 empleos directos y 2000 indirectos, consolidándose como un activo estratégico para la economía peruana y una de las mayores inversiones extranjeras en la última década.
La urgencia de definir el futuro legal del puerto antes de su inauguración
La tensión en torno a la supervisión del puerto de Chancay se intensifica a medida que se acerca su inauguración, programada con gran expectativa para la cumbre de APEC 2024. Este conflicto legal debe resolverse con celeridad para evitar impactos negativos en la seguridad jurídica del país y la confianza de futuras inversiones. El Poder Judicial enfrenta la tarea de reevaluar el equilibrio entre la inversión privada y el irrenunciable derecho del Estado peruano a proteger su soberanía y asegurar el interés público en una infraestructura de escala global.
¿Cómo afectará este precedente la capacidad de Perú para proteger sus recursos y soberanía en futuros proyectos?
La situación del puerto de Chancay sienta un precedente crítico para el Perú, ya que el desenlace de esta pugna legal definirá los límites de la injerencia extranjera en proyectos estratégicos y la capacidad del Estado para ejercer control sobre activos vitales. La advertencia del embajador de EE.UU. resuena con fuerza: ¿Es el “dinero barato” una amenaza disfrazada a nuestra autonomía? La respuesta a esta pregunta no solo impactará el futuro de Chancay, sino que moldeará la agenda legislativa y de inversión del país por las próximas décadas, obligando a una profunda reflexión sobre cómo se negocian y gestionan los megaproyectos en la nación.
Crédito de imagen: Fuente externa
