Las recientes elecciones para la renovación de juntas y consejos vecinales han despertado serias preocupaciones por parte de la ciudadanía y actores sociales, al punto que ya se habla abiertamente de un proceso viciado, carente de transparencia y en riesgo de ser declarado nulo. La coordinadora regional Salen Aguirre, quien supervisó parte del desarrollo del proceso, declaró que los comicios se realizaron en condiciones precarias, con múltiples fallas que comprometen su legalidad y legitimidad.
Según explicó Aguirre, no hubo un empadronamiento adecuado de los electores, ni se registraron públicamente las listas de candidatos por cada jurisdicción. A esto se sumó la falta de personeros y de fiscalización, así como la ausencia de presupuesto suficiente, factores que, en conjunto, minaron profundamente la seriedad del proceso.
Uno de los aspectos más alarmantes señalados por Aguirre fue la participación de ciudadanos que no residirían en las zonas donde votaron. Se habría detectado el uso de documentos de identidad adulterados o con domicilios falsos, lo que permitió a algunos vecinos sufragar en barrios donde no tienen arraigo alguno. Además, algunas listas de candidatos no contaban con respaldo comunitario real ni con la documentación exigida, generando la impresión de que las juntas fueron renovadas de forma irregular o incluso impuesta.
Diversos vecinos también reportaron que en sus barrios no se publicaron previamente las convocatorias ni los padrones, y que el acto electoral se realizó sin información clara ni garantías mínimas. La falta de controles efectivos permitió que personas ajenas a ciertas jurisdicciones participaran del proceso como votantes o postulantes, debilitando aún más su legitimidad.
En vista de estas irregularidades, varias voces de la sociedad civil han empezado a exigir la nulidad de las elecciones y la organización de un nuevo proceso, esta vez con condiciones mínimas de legalidad, transparencia y participación informada.
“La corrupción no puede infiltrarse en los espacios vecinales. Las juntas deben representar realmente a sus comunidades”, sostuvo Aguirre. En ese sentido, pidió que las autoridades competentes investiguen lo ocurrido y garanticen que futuras elecciones se realicen con padrones validados, fiscalización ciudadana y un marco normativo claro.
La legitimidad de la representación vecinal está en juego. Lo que corresponde ahora no es mirar a un costado, sino corregir con responsabilidad lo que ha sido, hasta ahora, un proceso debilitado por la informalidad y el desinterés institucional.
