Ante la proximidad de las elecciones generales de abril de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha puesto en marcha un plan estratégico con el objetivo primordial de mitigar los posibles focos de conflictividad electoral que podrían entorpecer el curso normal del proceso democrático. La iniciativa responde a la creciente preocupación por la estabilidad política y social en periodos electorales, marcados en ocasiones por la desinformación y la polarización. La prevención se erige así como la herramienta fundamental para asegurar unos comicios transparentes y pacíficos.
Según la investigación publicada por Gestión, el organismo electoral peruano ha comunicado que este plan será delineado por la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales, una entidad de reciente creación destinada a coordinar esfuerzos entre diversas instituciones estatales.
Eugenia Zegarra Miranda, jefa de la Central de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), ha manifestado que el plan permitirá establecer una hoja de ruta con acciones y actividades específicas, cuyo fin último es proporcionar al JNE una base sólida para la toma de decisiones informadas y oportunas. La finalidad principal del grupo de trabajo es reducir el riesgo de que se produzcan conflictos electorales violentos, ya que estos tienen el potencial de vulnerar derechos fundamentales como la vida y la integridad de las personas, además de comprometer el correcto desarrollo de los procesos electorales.
Zegarra ha enfatizado que los conflictos electorales, al igual que los conflictos sociales en general, son fenómenos complejos con múltiples dimensiones y causas. Por lo tanto, su abordaje y resolución requieren la colaboración y la participación activa de diversas instituciones del Estado. La atención a las causas subyacentes del conflicto se realizará de acuerdo con las competencias específicas de cada entidad pública involucrada. Este enfoque integral es crucial para una prevención efectiva.
La funcionaria del JNE considera que una estrategia de prevención de conflictos efectiva debe involucrar a un amplio abanico de instituciones públicas, promoviendo el intercambio de información y la coordinación de acciones preventivas y resolutivas en relación con los conflictos electorales identificados. Este trabajo en conjunto busca anticiparse a las posibles crisis.
En un contexto electoral marcado por la complejidad y la presencia de factores que podrían influir negativamente en los comicios, como la propagación de noticias falsas y la creciente polarización política, Zegarra subraya la necesidad de una respuesta coordinada por parte del Estado. Esta respuesta debe estar orientada a hacer frente a los posibles riesgos y conflictos que puedan surgir y que podrían afectar la integridad de los procesos electorales.
La Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales cuenta con la participación de representantes de diversas instituciones clave del Estado peruano, tales como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú (PNP), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Esta amplia representación garantiza un enfoque multidisciplinario y una respuesta integral a los desafíos que plantea la conflictividad electoral.
