El Tribunal Constitucional del Perú escuchará el próximo 10 de julio una demanda competencial crucial, interpuesta por el Congreso, que busca clarificar las competencias exclusivas del Legislativo frente a las intervenciones del Poder Judicial. Esta audiencia surge tras la autorización dada en abril por el Pleno del Congreso, que, con una mayoría de 82 votos a favor, respaldó la acción liderada por el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes.
La demanda busca una decisión definitiva sobre si las resoluciones judiciales pueden limitar las decisiones parlamentarias, especialmente en casos donde el Poder Judicial ha emitido fallos que afectan acuerdos del Congreso. Este recurso fue motivado por un incidente reciente donde los magistrados Luz Inés Tello de Ñecco y Aldo Alejandro Vásquez Ríos, previamente inhabilitados por el Congreso por 10 años, obtuvieron un fallo judicial favorable que ordenaba su restitución en la Junta Nacional de Justicia.
Esta situación ha generado un debate significativo sobre la separación de poderes en Perú, y la decisión del Tribunal Constitucional será fundamental para determinar los límites entre las facultades legislativas y las judiciales. La controversia se centra en si el Poder Judicial tiene la autoridad para interferir con las resoluciones legislativas, una cuestión que tiene implicaciones profundas para la gobernabilidad del país.
La resolución de esta demanda competencial no solo afectará el caso específico de los magistrados mencionados, sino que también podría redefinir la interacción entre los poderes del Estado peruano, marcando un precedente importante para futuras disputas institucionales.
