Por: Andrés Cloud
Según Aristóteles, el promedio de vida de la especie humana es del orden de los setenta años. De allí que Dante Alighieri (1265-1321) en 1300, a los treinta y cinco años, en alusión a su edad y a la crisis política imperante en su patria (Italia), escribiera en el primer terceto del Infierno de la Divina comedia: “En mitad del camino de la vida / errante me encontré en selva oscura / en que la recta vía era perdida”. Es cierto que de Aristóteles a la fecha han transcurrido casi 2500 años, pero esa edad, con ligeras variantes, en función a la calidad de vida, el startus social y económico y otras variables del ser humano, sigue siendo el tope máximo para ciertas actividades, sobre todo de carácter público. Refrendado a su modo por Manuel González Prada (“Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra”), los setenta años (incluso en algunos casos menos) es una constante para los efectos del cese o jubilación en la legislación laboral del país.
Excepto las instituciones castrenses (ejército, policía, marina, aviación y fuerzas auxiliares) cuyos servidores pasan al retiro por tiempo de servicios, en algunas instituciones de gestión estatal (poder judicial, ministerio público), la edad límite para el trabajo activo es del orden de los setenta. Incluso en el magisterio (actividad que requiere mucho dinamismo por parte de sus actores), el docente en actividad cesa automáticamente (de oficio) en sus funciones a los sesenta y cinco años, salvo unos meses de tolerancia hasta concluir el año escolar. Algo similar ocurre con los choferes de transporte público (no particulares) cuya licencia de conducir caduca a los setenta años del titular y ya no es renovable. Y ni qué decir de los mayores de 70 años que, para ciertos actos públicos de trascendencia tales como matrimonio civil, creación de empresas, cesión de herencia y otras actividades similares, requieren de un examen psicológico previo según el caso. Esto para evitar futuras impugnaciones. Y no solo eso, sino que incluso la Carta Magna de la nación, a partir de esa edad, exonera la obligatoriedad del voto ciudadano en procesos electorales. Con estos antecedentes, quizá sea necesario que se ponga un tope a la edad máxima de los candidatos a cargos políticos vía elecciones generales, es decir plancha presidencial, congresista, gobernador regional, alcalde provincial y lo que sigue. Al respecto, y sin ir muy lejos, somos testigos a diario de lo que está ocurriendo en el Palacio de Pizarro con un inquilino de la tercera edad (casi octogenario) con más desaciertos que aciertos en la conducción del país, etc., etc., etc.
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Y a propósito del “cese definitivo por edad máxima de 70 años” de un grupo de veintiséis docentes (seis damas y veinte varones) en diez facultades de la Unheval, el consiguiente pedido de reconsideración por parte de los interesados (afectados) y su posible posterior judicialización, algunas reflexiones al respecto.
a) La razón de ser de las universidades no son sus autoridades, docentes, personal administrativo o lo que fuere, sino los estudiantes en vía de profesionalización para que, una vez optado el título, asciendan al nivel de sus catedráticos, enseñantes y futuros colegas de profesión;
b) La universidad es la institución educativa del más alto nivel en el Perú y el mundo. En tal sentido, sin aspirar a constituirse en una institución dechado de virtudes, debe contar en lo posible con la participación de las mentes más lúcidas y esclarecidas del país o de la región;
c) De la universidad deben partir los mejores ejemplos e iniciativas en materia cultural y educativa, y que sintonicen en forma efectiva con la realidad, pues no solo debe limitarse a la formación de profesionales en serie, con escasas opciones laborales;
d) Con relación a las personas, sea cual fuere su nivel educativo y cultural, pasados los setenta años, ¿está una persona en goce pleno del ciento por ciento de sus facultades físicas, mentales y potencialidades? ¿No será que hay en él una merma paulatina en muchos aspectos, obviamente sin que su persona siquiera lo perciba? En tal sentido, salvo error u omisión y al margen de los estímulos económicos y los probables adjetivos de desfasado, obsoleto, pasadista, repetitivo, etc., cumplidos los setenta, ¿no es acaso preferible dar un pasito al costado y dejar que las nuevas generaciones asuman su rol en función y requerimiento del momento? Es cierto que todos somos necesarios en algún momento y siempre servimos para algo, pero nadie es indispensable y menos aún imprescindible, salvo exceso de autosuficiencia, estima personal y otras majaderías.
Finalmente, a raíz de la controversia surgida entre el grupo de docentes cesados con antigüedad del 31 de enero último pidiendo su reposición en el cargo y la negativa de las autoridades universitarias en el poder, valdría la pena tomar en cuenta la opinión del estamento estudiantil, razón de ser de la universidad y verdaderos interesados en el asunto. Bastaría al respecto aplicar una simple encuesta de Sí o No, no a los estudiantes de tal o cual facultad en general, sino a los alumnos (discípulos) de las asignaturas a cargo de los docentes respectivos y en los ítems específicos de asistencia, puntualidad, nivel académico y sobre todo de producción intelectual, pues obras son amores y también buenas razones. Estamos seguros que los resultados no serían nada halagüeños, sobre todo para algunos docentes universitarios enquistados en la cátedra por más tiempo de lo necesario y cuya antigüedad excede a la Autopsia de Huánuco (1937) de Esteban Pavletich, tema de nuestra próxima nota.
Ayancocha, febrero 9 del 2017.



