El hacinamiento penitenciario en Perú, un problema endémico que afecta la dignidad de los internos y la seguridad nacional, ha alcanzado niveles críticos. El Tribunal Constitucional (TC) había emitido una sentencia en 2020, buscando revertir esta situación declarada como un “estado de inconstitucionalidad”. La problemática, que persiste pese a los esfuerzos, se agudiza con el aumento de la criminalidad y las limitaciones presupuestarias del sector justicia.
Según la investigación publicada por El Comercio, el incumplimiento de la sentencia del TC, que exigía el deshacinamiento de los penales peruanos, ha llevado a la ampliación del plazo hasta el año 2030. Esta decisión fue tomada tras la solicitud del Poder Ejecutivo, argumentando dificultades económicas derivadas de la crisis sanitaria y desastres naturales.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), había recibido un plazo de cinco años, contados a partir del 26 de mayo de 2020, para implementar medidas correctivas. Sin embargo, los informes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) revelan que, hasta febrero de 2025, la población carcelaria superaba los 100 mil internos, distribuidos en 69 penales a nivel nacional. Lima y el norte del país concentran la mayor cantidad de internos, con 46 mil 745 y 19 mil 453, respectivamente.
Ante la falta de avances significativos y la proximidad del vencimiento del plazo original, el Minjusdh solicitó formalmente al TC una prórroga. La resolución del TC, publicada el 27 de mayo, concede una extensión hasta el año 2030. El TC justificó su decisión basándose en los argumentos presentados por el Ejecutivo, que incluyen la reasignación de recursos debido a la pandemia de Covid-19 y los daños ocasionados por el ciclón Yaku, lo que afectó la inversión en el sistema penitenciario.
La sentencia original del TC establecía que, en caso de no lograrse el deshacinamiento para el 2025, se procedería al cierre de seis establecimientos penitenciarios con los mayores niveles de hacinamiento. Los penales que, según los registros del Inpe a febrero de 2025, podrían haber sido considerados para el cierre incluían Quillabamba, Camaná, Abancay, Huancavelica, Callao, Chanchamayo y Jaén, todos con niveles de hacinamiento superiores al 400%. Otros penales con índices elevados son Tacna, Miguel Castro Castro y Huaral.
El TC reiteró la necesidad de un trabajo coordinado entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la participación de la sociedad civil. Además, la sentencia original establecía que las cárceles debían albergar preferentemente a personas que hayan cometido “delitos graves que impliquen peligro social”, mientras que los internos por delitos menores podrían acceder a penas alternativas a la privación de libertad. El Minjusdh anunció recientemente un programa de resocialización que contempla la excarcelación de aproximadamente 6 mil internos por delitos menores, como omisión familiar y hurto simple, buscando aliviar la sobrepoblación.
El Inpe también anunció planes para la construcción y ampliación de seis establecimientos penitenciarios, con una inversión de S/ 1,182 millones a través de Proinversión. Estos proyectos se ejecutarán en las regiones de Ica, Huánuco, Amazonas, La Libertad, Piura y Lima, y comprenden la modernización de la infraestructura y la capacitación del personal penitenciario. Sin embargo, expertos como Wilfredo Pedraza, exdirector del Inpe, critican la falta de acciones concretas por parte del Ejecutivo en los últimos cinco años, más allá de medidas simbólicas y la falta de presupuesto para iniciativas como el uso de grilletes electrónicos.
