La visita de la congresista Elizabeth Medina a Leoncio Prado volvió a poner sobre la mesa una herida abierta en la región: el interminable proyecto del Hospital de Tingo María. No se trata solo de una obra retrasada, sino de un símbolo del desgaste institucional, de la desconfianza ciudadana y de una cadena de decisiones que, hasta hoy, nadie asume con claridad.
Ante una pregunta directa sobre las responsabilidades políticas del exgobernador regional y actual congresista Luis Raúl Picón, Medina optó por la cautela. Dijo haber revisado el expediente técnico, recordó que el hospital arrastra más de 18 años de historia y evitó señalar culpables sin pruebas concluyentes. Su postura, en términos formales, es comprensible: acusar sin sustento documental sería irresponsable. Sin embargo, en un contexto como el de Huánuco, la prudencia también tiene un costo político.
El Hospital de Tingo María no es un expediente más. Es una obra que ha pasado por más de diez reformulaciones, que ha cambiado de diseño, de materiales y de responsables, mientras la población sigue esperando un servicio de salud digno. Reducir el debate a un solo periodo de gobierno sería simplista, pero diluirlo en una responsabilidad colectiva infinita tampoco ayuda a esclarecer la verdad.
Cuando la congresista señala que existe un informe de la Contraloría que ya identifica responsabilidades administrativas y penales, introduce un elemento clave: el problema no es la falta de información, sino la voluntad política para empujar sus conclusiones hasta las últimas consecuencias. La ciudadanía no espera linchamientos mediáticos, pero sí espera coherencia entre el discurso anticorrupción y la acción concreta.
En este escenario, el silencio o la neutralidad suelen interpretarse como blindaje. No porque necesariamente lo sean, sino porque la historia reciente ha acostumbrado a la población a ver cómo las investigaciones se diluyen cuando alcanzan a figuras con poder. De allí que resurja con fuerza la frase popular “otorongo no come otorongo”, un reflejo del desencanto ciudadano frente a una clase política que rara vez se confronta a sí misma.
El debate de fondo no es si Medina debía o no acusar a su colega en una entrevista. El debate real es por qué, después de casi dos décadas, el Hospital de Tingo María sigue siendo un problema sin responsables políticos claramente asumidos. La prudencia técnica es necesaria, pero no puede convertirse en una coartada permanente para la inacción.
La región no necesita más explicaciones sobre lo complejo del proyecto. Eso ya lo sabe. Lo que espera es que quienes hoy tienen representación nacional impulsen investigaciones serias, transparentes y sin excepciones, caiga quien caiga. Porque mientras los expedientes duermen y los discursos se cuidan, los que siguen pagando el precio son los ciudadanos que aún esperan un hospital que funcione.
