La judicialización del aborto en Estados Unidos alcanza un nuevo punto álgido. Un secretario judicial de un condado de Nueva York bloqueó el jueves una demanda de Texas contra una doctora neoyorquina acusada de prescribir y enviar píldoras abortivas a una mujer residente en Texas. Este movimiento sin precedentes intensifica la confrontación legal interestatal sobre el acceso al aborto, preparando el terreno para una batalla judicial de alto riesgo entre estados con prohibiciones casi totales y aquellos que defienden los derechos reproductivos.
Según la investigación publicada por The New York Times, se anticipa ampliamente que este litigio llegue al Tribunal Supremo, enfrentando a Texas, con su restrictiva legislación sobre el aborto, contra Nueva York, que ha implementado una ley de protección para proveedores de servicios de aborto que envían medicamentos a pacientes en otros estados.
Nueva York se encuentra entre los ocho estados que han promulgado “leyes de protección para el aborto por telemedicina” tras la anulación del derecho federal al aborto por parte del Tribunal Supremo en 2022. Estas leyes impiden que las autoridades extraditen a proveedores de aborto a otros estados o que respondan a citaciones y otras acciones legales. Esta postura representa una ruptura notable con las prácticas interestatales habituales de cooperación en tales casos, que históricamente han buscado facilitar la aplicación de la ley a través de fronteras estatales.
La acción del secretario judicial de Nueva York marca la primera vez que se invoca una ley de protección del aborto. Este hecho subraya la creciente tensión entre los estados con diferentes políticas sobre el aborto, exacerbada por la decisión del Tribunal Supremo de revertir Roe v. Wade, dejando la regulación del aborto a discreción de cada estado.
El caso involucra a la Dra. Margaret Daley Carpenter, residente de New Paltz, Nueva York, quien colabora con organizaciones de telemedicina para proporcionar píldoras abortivas a pacientes en todo el país. En diciembre, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a la Dra. Carpenter, quien no tiene licencia para ejercer en Texas, acusándola de enviar píldoras abortivas a una mujer en Texas, en violación de la prohibición estatal. Esta acción legal se basa en la teoría de que la Dra. Carpenter cometió un delito en Texas al facilitar un aborto que está prohibido en ese estado.
Este caso pone de manifiesto el conflicto entre los estados que buscan proteger el acceso al aborto y aquellos que intentan restringirlo, incluso fuera de sus fronteras. La disputa legal podría tener importantes implicaciones para el futuro del acceso al aborto en Estados Unidos, especialmente en un contexto donde la telemedicina juega un papel cada vez más importante en la prestación de servicios de salud.
