La reciente promulgación de la Ley 32330 en Perú ha generado un intenso debate sobre la **responsabilidad penal** de los adolescentes. Esta norma, que modifica artículos clave del Código Penal, reduce la edad de imputabilidad a 16 años para delitos graves como sicariato, extorsión y feminicidio, equiparando en la práctica el tratamiento judicial de menores con el de adultos. Esta medida ha desatado una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional, poniendo en tela de juicio su efectividad y su compatibilidad con los derechos de la infancia.
Según la investigación publicada por El Comercio, la controvertida legislación ha provocado el rechazo de organizaciones como UNICEF, UNFPA y UNODC, quienes advierten sobre las posibles consecuencias negativas en la rehabilitación y reinserción social de los jóvenes infractores.
Las agencias de las Naciones Unidas han manifestado su preocupación por el incumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional que insta a los Estados a implementar sistemas de justicia penal juvenil especializados, que tengan en cuenta el desarrollo físico y psicosocial de los adolescentes. La ONU enfatiza que, de ser privados de libertad, los menores deben permanecer separados de los adultos, protegiendo sus derechos fundamentales. El riesgo, señalan, es que al exponer a los jóvenes a un sistema penal para adultos se incrementará su participación en actividades delictivas, obstaculizando su proceso de reintegración a la sociedad.
En el ámbito nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público también han expresado su oposición a la nueva ley. El Poder Judicial, a través de un comunicado del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, argumenta que la norma contraviene la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos, dado que ignora la situación legal especial de los adolescentes. Por su parte, el Ministerio Público considera que la ley representa un retroceso en la protección de la niñez y la adolescencia y que no es una solución eficaz para combatir la criminalidad. Ambas instituciones coinciden en que la medida no aborda las causas profundas del delito juvenil y que podría generar más problemas que soluciones.
La Defensoría del Pueblo ha anunciado que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330, argumentando que es incompatible con la Constitución Política del Perú y con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. La Defensoría basa su posición en la evidencia científica disponible y en el principio del interés superior del niño, que exige que cualquier decisión que afecte a un menor de edad debe priorizar su bienestar y desarrollo integral.
Estadísticas recientes revelan que la participación de adolescentes en la criminalidad total del país es relativamente baja, representando solo el 2,1% de los casos, mientras que el 97,9% corresponde a adultos, según datos del Ministerio Público. Esta cifra cuestiona la necesidad de una medida tan drástica como la reducción de la edad de imputabilidad, sugiriendo que los esfuerzos deberían centrarse en abordar las causas estructurales del delito y en fortalecer los sistemas de justicia penal juvenil existentes. Expertos señalan que el populismo penal, un discurso que busca soluciones simplistas a problemas complejos, estaría detrás de esta reforma legislativa.
