Escrito por: Jorge Farid Gabino González
Escritor, articulista, profesor de Lengua y Literatura
Queda claro que, al margen de las irregularidades suscitadas durante el balotaje del pasado 6 junio, las mismas que, hechas las sumas y las restas, no constituyen, ni por asomo, argumento suficiente para plantear la realización de un modus operandi destinado a irrespetar la voluntad popular, hablar de fraude electoral no solo resulta una tremenda exageración por parte de quienes se saben en total e irreversible desventaja, en cuanto a los resultados de la elección, sino también, y sobre todo, una indudable falta de criterio, una completa y absoluta irresponsabilidad por las consecuencias que la actitud en cuestión podría acarrear.
Ello habida cuenta de que para nadie es un secreto que desde que Fuerza Popular deslizó la idea de fraude, amparado en una serie de “pruebas” que con el paso de los días ha ido perdiendo solidez, si acaso la tuvo en algún momento, la polarización en la que ya de por sí venía debatiéndose el país desde que se supo los nombres de quienes pasarían a la segunda vuelta, se ha acrecentado de manera sustantiva, al punto de que no son pocos los ámbitos de discusión pública en los que se ha vuelto a poner sobre la mesa la antediluviana contraposición entre capitalinos y provincianos, entre ricos y pobres, entre los de arriba y los de abajo.
El problema, desde luego, es mucho más complicado de lo que a simple vista pudiera parecer. Porque no se trata ya de las consabidas estigmatizaciones con que durante decenios, si no centurias, los peruanos hemos insistido en definirnos, en excluirnos. Se trata, básicamente, de reparar en el hecho de que dado el contexto de evidente divisionismo en que vivimos como consecuencia de la incertidumbre producida por no tener hasta ahora a un presidente electo, cualquier cosa que se haga o se diga por parte de uno de los dos bandos puede acabar convirtiéndose más temprano que tarde en la gota que colme el vaso.
Pues bien, si a lo anterior le sumamos el que detrás de ambos partidos existen individuos oscuros y siniestros que vienen azuzando según su antojo y conveniencia los ánimos de sus respectivos simpatizantes, no será descabellado afirmar que en cualquier momento habremos de ver llegar la sangre al río. Razones para pensarlo las tenemos de sobra. Para empezar, y en la medida en que los partidarios de Pedro Castillo se asumen los indiscutibles ganadores, la sola posibilidad de que el Jurado Nacional de Elecciones acabe dando marcha atrás en el conteo de votos, y proclame a Keiko Fujimori como ganadora de las elecciones, generará el que se desate una verdadera guerra civil.
El panorama que se nos presentaría en el supuesto contrario no es, tampoco, nada alentador. Pues no son pocas las voces que ya hablan de un posible golpe militar que nos caería encima, el mismo que sobrevendría si es que se declarase como ganador oficial a Pedro Castillo, a pesar de la serie de pruebas que, según el parecer de los de Fuerza Popular, demostrarían la existencia de fraude.
A lo que habría que agregarle la disparatada propuesta de cierto sector de la derecha que, amparada en el indiscutible desgobierno en que el País va cayendo conforme pasan los días sin que sepamos quién será finalmente nuestro nuevo presidente, no ha tenido mejor idea que proponer nuevas elecciones, a sabiendas, claro está, de lo inconstitucional del asunto. Con lo que el caos, insistimos, encuentra un pretexto más para terminar desatándose.
Como sea, y al margen de quién sea declarado finalmente ganador, salta a la vista que lo que se nos avecina a los peruanos es un panorama sombrío, se lo mire por donde se lo mire. Porque independientemente de que quién resulte ciñéndose la codiciada banda presidencial, los que resulten perdedores no aceptarán que perdieron en buena lid, y recurrirán al facilismo de convocar a la población para salir a las calles a reclamar por dizque el robo de la elección, por dizque la violación de sus derechos.
Manifestaciones populares que no tendrían nada de malo si se realizaran, claro está, de manera pacífica, sin afectar la propiedad privada, sin vulnerar los bienes públicos. Pero sabemos de sobra que en nuestro país las cosas no funcionan así. Además, está también el hecho de que dadas las condiciones en que actualmente vivimos, lo más probable es que las susodichas marchas contribuirán, como es de esperarse, a la propagación del virus, con lo que lejos de hacernos un favor, lo que nos causaremos más bien será un tremendo perjuicio.
Por lo que sería bueno que vayamos sopesando hasta qué punto es tan conveniente que caigamos nuevamente en el juego de quienes creen que pueden manejar a la población a su gusto y antojo, cada vez que la necesitan para alcanzar sus objetivos personales. Porque lo cierto es que no vale la pena andar haciendo el papel de tontos útiles. No si lo que hay detrás de todo esto, como salta a la vista, es cualquier cosa, menos la intención loable de querer sacar al país adelante. Que lo que aquí se pretende, tanto de parte de un bando como del otro, es ni más ni menos que el quiebre de la democracia
