La deducción de impuestos estatales y locales (SALT) emerge como un escollo significativo en la agenda fiscal republicana, amenazando con desbaratar los esfuerzos del partido por impulsar un amplio paquete de recortes fiscales. Este asunto, históricamente problemático para ambos partidos, ha resurgido con fuerza, generando divisiones internas que podrían tener consecuencias trascendentales para el futuro de la política económica estadounidense.
Según la investigación publicada por The New York Times, un grupo reducido pero influyente de republicanos está dispuesto a oponerse frontalmente a la agenda del Presidente Trump debido a la deducción de impuestos estatales y locales (SALT), un viejo conocido que ha causado dolores de cabeza a demócratas y republicanos por igual.
El núcleo del conflicto radica en el límite de $10,000 impuesto en 2017 a la cantidad de impuestos estatales y locales que los estadounidenses pueden deducir en sus declaraciones federales. Para muchos legisladores del Partido Republicano, eliminar este límite es una prioridad fundamental, mientras que otros lo consideran un despilfarro de recursos que beneficia principalmente a los residentes más ricos de los estados con altos impuestos. Representantes de estados como Nueva York y Nueva Jersey, donde la deducción es muy valorada, han manifestado su firme intención de bloquear cualquier acuerdo que no contemple un aumento sustancial del límite.
El representante Nick LaLota, republicano por Nueva York, ha declarado abiertamente su disposición a votar en contra del proyecto de ley si no incluye suficiente alivio en materia de SALT, subrayando la importancia que este tema tiene para sus electores. Esta postura inflexible plantea un desafío significativo para los líderes republicanos en la Cámara de Representantes, quienes buscan unificar al partido en torno a una agenda fiscal común. La situación se agrava por el hecho de que cualquier modificación al límite actual tendría un costo considerable, poniendo en peligro el presupuesto general republicano para recortes de impuestos. Incluso un cambio relativamente modesto, como duplicar el límite para parejas casadas, podría costar $230 mil millones durante una década, según estimaciones del Committee for a Responsible Federal Budget.
Más allá de la cuestión de los impuestos estatales y locales, los republicanos se enfrentan a otros desafíos fiscales importantes, como la extensión de los recortes de impuestos de 2017, cuyo costo se estima en $4 billones. Muchos legisladores son reacios a destinar recursos significativos a lo que consideran una ayuda para los residentes ricos de los estados demócratas. El representante Greg Murphy, republicano por Carolina del Norte, ha expresado su preocupación por la responsabilidad fiscal y ha calificado de “patético” el tener que “rescatar” a los estados con altos impuestos. La creación del límite de $10,000 en 2017 tuvo como objetivo compensar el costo de los recortes de impuestos aprobados ese año, que incluyeron la reducción de las tasas del impuesto sobre la renta individual y la creación de una deducción estándar más grande. Expertos de todo el espectro ideológico apoyan el límite de SALT e incluso favorecen la eliminación total de la deducción de impuestos estatales y locales.
Por otro lado, los defensores del levantamiento del límite argumentan que este fue un ataque político contra los residentes de estados predominantemente demócratas. Desde la creación del límite, una variedad de legisladores republicanos y demócratas han exigido su abolición, complicando las negociaciones legislativas tanto bajo la administración Biden como ahora bajo la administración Trump. Los opositores al límite sostienen que la capacidad de deducir los pagos de impuestos estatales y locales ha contribuido a financiar la educación pública y otros servicios locales. Además, los agentes inmobiliarios advierten que el límite de SALT ha aumentado el costo de la propiedad de vivienda, lo que a su vez ha reducido la demanda de viviendas en áreas con altos impuestos.
