El caso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, está a las puertas de un juicio oral, enfrentando graves acusaciones de corrupción y lavado de dinero. La corrupción, un flagelo que socava la confianza en las instituciones democráticas, es el centro de este proceso judicial que podría sentar un precedente importante en la lucha contra la impunidad. La Fiscalía, representada por el Equipo Especial Lava Jato, ha solicitado una pena de 29 años de prisión, sustentada en presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales durante su gestión (2011-2014).
Según la investigación publicada por El Comercio, una reciente audiencia judicial marcó el fin de la etapa de control de acusación, allanando el camino para el inicio formal del juicio. La sesión, liderada por el juez Jorge Chávez Tamariz, se centró en la revisión de las últimas correcciones a las imputaciones contra dos de los 31 acusados en este entramado: Domingo Arzubialde, exgerente de Promoción de la Inversión Privada durante la administración Villarán, y la empresa J. Walter Thompson Peruana.
La audiencia, convocada por una sala superior de apelaciones, surgió a raíz de las apelaciones presentadas al auto de enjuiciamiento del caso, emitido en noviembre del año pasado. Este auto ya había dispuesto que el caso fuera elevado a juicio, pero las defensas de varios acusados se ampararon en una reciente ley del Congreso para impugnar la decisión. La sala de apelaciones, tras revisar los argumentos, ordenó correcciones específicas en la acusación únicamente en lo que respecta a Arzubialde y J. Walter Thompson Peruana, lo que obligó al juez Chávez Tamariz a realizar la audiencia de este viernes.
Durante la sesión, la defensa de Domingo Arzubialde intentó, sin éxito, recusar al juez, argumentando que ya había tenido conocimiento previo del caso durante el control de acusación. La Fiscalía procedió a exponer las correcciones formales a las imputaciones sobre ambos acusados, mientras que los abogados de estos últimos solicitaron el archivo de la acusación, alegando incumplimiento de lo ordenado por la sala superior. Dicha sala había advertido que, de no realizarse las correcciones, el caso podría ser archivado solo para estos dos acusados. Tras intensos debates, el juez rechazó en dos oportunidades la solicitud de archivar la acusación contra Arzubialde.
En contraste, el juez accedió a la solicitud de sobreseimiento (archivo) del proceso penal contra J. Walter Thompson Peruana, al considerar que no existía un nivel de sospecha suficiente. La empresa, sin embargo, seguirá siendo procesada para determinar si debe pagar una reparación civil. Al finalizar la audiencia, que se prolongó por cuatro horas y media, el juez dictó una “integración” al auto de enjuiciamiento emitido en noviembre pasado, detallando las precisiones sobre la imputación contra Arzubialde y el archivo del proceso penal contra J. Walter Thompson.
La acusación contra Susana Villarán y el resto de los procesados permanece intacta. El expediente judicial completo ha sido derivado al tribunal colegiado, presumiblemente el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, encargado de llevar adelante el juicio. Este juzgado tiene experiencia en casos relacionados con la trama Lava Jato, habiendo condenado previamente a Ollanta Humala y Nadine Heredia por el caso del Partido Nacionalista. La magistrada Nayko Coronado preside este tribunal colegiado, que ahora tiene la responsabilidad de programar la fecha de inicio del juicio y supervisar su desarrollo.
Susana Villarán enfrenta acusaciones de liderar una organización criminal dentro de la Municipalidad de Lima que lavó más de US$ 11 millones provenientes de Odebrecht, OAS y Graña y Montero, a través de aportes ilícitos a sus campañas del No a la Revocatoria (2013) y de su fallida reelección (2014). Se le imputan delitos de lavado de activos, asociación ilícita, colusión agravada, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Aunque la exalcaldesa admitió haber recibido los aportes en una entrevista radial y en redes sociales en 2019, ha negado rotundamente haber cometido algún delito durante el proceso penal. Junto a ella, serán juzgadas otras 20 personas y 9 empresas.
