El próximo 23 de septiembre marca una fecha crucial en el caso que involucra a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, con el inicio del juicio oral por los presuntos aportes ilícitos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS durante su gestión. Este proceso judicial, largamente esperado, se centra en las acusaciones de la fiscalía sobre una presunta red de lavado de activos y otros delitos vinculados a la financiación de sus campañas políticas, tanto la del “No a la Revocatoria” en 2013 como la de su intento de reelección en 2014. La judicialización de este caso ha generado gran expectativa en la opinión pública, dada la magnitud de las acusaciones y las potenciales consecuencias para la exfuncionaria y los demás involucrados.
Según la investigación publicada por El Comercio, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada ha fijado la fecha para dar inicio al juicio oral, luego de un proceso de investigación que ha durado varios años y que ha involucrado la recopilación de pruebas y testimonios.
La Fiscalía, representada por el equipo especial del caso Lava Jato, ha solicitado una pena de 29 años de prisión para Villarán de la Puente, acusándola de los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, colusión agravada, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Junto a ella, se encuentran acusados José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, y otros exfuncionarios de la Municipalidad de Lima, para quienes el fiscal José Domingo Pérez ha solicitado penas que oscilan entre los 9 y 25 años de prisión efectiva. La magnitud de las penas solicitadas subraya la seriedad de las acusaciones que enfrenta el grupo.
Además de las personas naturales, el proceso judicial también incluye a diversas personas jurídicas, entre ellas Momentum, Ogilvy & Mather S.A., Chirinos & Salinas Asociados S.A.C., la Asociación de Amigos de Lima Metropolitana, CMR Construcciones S.A.C., Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A., Rentable.Pe S.A.C., Mindshare Perú SAC, la Asociación Ciudadanos por Lima y Diálogo Vecinal. La inclusión de estas empresas en la acusación sugiere una trama financiera compleja que la fiscalía buscará desenredar durante el juicio.
Un factor que ha contribuido a la demora en el inicio del juicio es la necesidad de notificar a dos acusados que residen en el extranjero: el peruano Mario Ruas Nogueira, ubicado en México, y el brasileño José Adelmário Pinheiro Filho. La tramitación de estas notificaciones a través de Cooperación Judicial Internacional requiere un plazo de aproximadamente cuatro meses, lo que ha sido considerado por el juzgado como un tiempo razonable para garantizar la presencia de todos los implicados en el proceso.
De acuerdo con el documento fiscal, Susana Villarán habría liderado una organización criminal dentro de la Municipalidad de Lima con el objetivo de lavar más de US$ 11 millones de dólares provenientes de Odebrecht, OAS y la peruana Graña y Montero. Estos fondos, según la acusación, fueron canalizados como aportes ilícitos a sus campañas del No a la Revocatoria y a su intento de reelección a la alcaldía. Si bien Villarán admitió en 2019 haber recibido aportes de las constructoras brasileñas, ha negado consistentemente haber cometido delito alguno.
Es importante recordar que Susana Villarán cumplió prisión preventiva hasta mayo de 2020, cuando fue liberada y se le impuso arresto domiciliario debido al riesgo de contraer COVID-19. Posteriormente, el Poder Judicial rechazó ampliar el arresto domiciliario y le impuso comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país, medidas que se mantienen vigentes mientras continúa el proceso judicial. El juicio oral que se avecina representa un momento crucial para esclarecer las acusaciones y determinar la responsabilidad de los implicados en este caso de corrupción.
