El paro nacional convocado inicialmente por el gremio de transportistas en respuesta a la creciente inseguridad en las calles de Lima y otras provincias del país resultó ser un contundente llamado de atención al gobierno. La ciudadanía, agobiada por el crimen, el robo y el asesinato, se unió al clamor por mayor acción, dedicación y compromiso por parte de las autoridades. A este paro de transportistas se sumaron también comerciantes de los mercados, quienes abastecen de alimentos al pueblo peruano, así como pescadores artesanales, cuyas más de 5,000 embarcaciones quedaron paralizadas en señal de protesta.
Los pescadores artesanales alzaron su voz contra la inacción gubernamental frente a la depredación del mar peruano por cientos de embarcaciones chinas, una amenaza que afecta no solo su sustento, sino el ecosistema marino. Esta protesta fue un mensaje claro dirigido a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso, quienes parecen desconectados de las necesidades del pueblo. Los manifestantes, con valentía, marcharon de manera pacífica para exigir soluciones ante la crisis de inseguridad y abandono.
Es evidente que este paro no solo es una muestra del descontento hacia el Ejecutivo, sino también hacia un Congreso que, en lugar de representar a sus regiones, se percibe como aliado del gobierno en un juego de autoprotección mutua. Esta relación, marcada por la búsqueda de evitar vacancias e interpelaciones, ha dejado al pueblo en el olvido.
El reclamo central es claro: los transportistas y los ciudadanos exigen leyes más estrictas contra el crimen organizado, el sicariato y la extorsión, que azotan a quienes intentan ganarse la vida con dignidad. La situación ha llegado al punto en que, por apenas siete soles, se puede perder la vida en manos de delincuentes, lo que ha empujado a miles de personas a las calles en una protesta pacífica, pero cargada de frustración.
El paro, por tanto, no es solo un reclamo puntual del sector transportista. Es un grito desesperado de un pueblo cansado de la indiferencia de sus gobernantes. La presidenta Boluarte debe abrir los ojos y los oídos para escuchar las demandas de la población, y el Congreso debe responder con leyes que realmente protejan a quienes representan. El pueblo peruano necesita acción inmediata, no más indiferencia.
