La reciente aprobación de la nueva Ley Agraria por el Congreso de la República marca un punto de inflexión en la política tributaria dirigida al sector agroexportador. Esta legislación, que ha generado debate y posturas encontradas entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), redefine las condiciones fiscales para las grandes empresas agrícolas, impactando directamente en su competitividad y en la dinámica del mercado. El sector agroexportador peruano, clave para la economía nacional, representa una fuente importante de divisas y empleo, por lo que la modificación de su régimen tributario genera gran expectativa.
Según la investigación publicada por El Comercio, el Congreso aprobó en segunda votación la nueva Ley Agraria, estableciendo una tasa reducida del Impuesto a la Renta (IR) para las principales empresas del sector exportador.
Concretamente, la ley establece que las empresas agroexportadoras cuyas ventas anuales superen las 1.700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), aproximadamente S/ 8,4 millones, se beneficiarán de una tasa de Impuesto a la Renta del 15% entre los años 2026 y 2035. Esta medida implica una reducción considerable respecto a la tasa general del 29,5% que actualmente grava las utilidades de estas compañías, y a la cual deberán retornar a partir del año 2036.
La decisión legislativa no estuvo exenta de controversia. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había expresado previamente su desacuerdo con la rebaja tributaria, postura que se evidenció durante la votación en el Pleno, donde la propuesta recibió 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones. El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, no había incluido esta medida en la propuesta inicial de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo, reflejando su escepticismo sobre los beneficios de la reducción del IR.
En contraste, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) defendió la necesidad de la nueva Ley Agraria, argumentando que incentivará la inversión y el crecimiento del sector. El titular del Midagri, Ángel Manero, había señalado que, en caso de no ser aprobada por el Congreso, el beneficio tributario se incluiría en el pedido de facultades legislativas, demostrando la importancia que su cartera le atribuía a la medida. Finalmente, el Congreso se anticipó a la discusión de las facultades y dio luz verde a la ley, asegurando su pronta entrada en vigor.
Cabe recordar que esta nueva ley emerge en un contexto de debate sobre la necesidad de equilibrar el crecimiento del sector agroexportador con la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores agrícolas. La anterior legislación agraria fue derogada tras intensas protestas laborales que denunciaban bajos salarios y precarias condiciones de trabajo. La nueva ley busca, en teoría, encontrar un punto medio entre la promoción de la inversión y la protección de los derechos laborales, aunque su impacto real aún está por verse.
