Los Ángeles, un crisol de culturas y un bastión del movimiento sindical, ha presenciado una fusión significativa entre ambas comunidades. Esta confluencia se manifiesta en la firme defensa de los derechos de los inmigrantes por parte de los sindicatos, especialmente en un contexto de crecientes medidas de control migratorio. La reciente ola de protestas contra las redadas federales en lugares de trabajo en el condado de Los Ángeles subraya la solidaridad entre estos dos grupos, marcando un punto de inflexión en la lucha por la justicia social y los derechos laborales.
Según la investigación publicada por The New York Times, la respuesta a estas redadas ha sido especialmente contundente debido a la profunda interconexión entre los trabajadores y sus familias, muchas de las cuales se ven directamente afectadas por las políticas de deportación. El arresto y posterior hospitalización de David Huerta, presidente del capítulo californiano del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) e hijo de trabajadores agrícolas mexicanos, tras ser empujado por un agente federal durante una protesta, desató una ola de movilizaciones a nivel nacional.
La detención de Huerta, acusado de obstruir a las autoridades durante una redada migratoria, provocó una rápida reacción por parte de los líderes del movimiento obrero. En una manifestación frente al Departamento de Justicia en Washington, figuras prominentes del AFL-CIO, como Liz Shuler, condenaron enérgicamente las operaciones de control migratorio, exigiendo la liberación de Huerta. Shuler enfatizó la solidaridad de la comunidad, declarando que “¡No abandonamos a nadie!”, reflejando un cambio notable en la postura tradicional de algunos sindicatos hacia los inmigrantes.
Históricamente, algunos sindicatos veían a los inmigrantes con recelo, preocupados por la posibilidad de que socavaran los salarios y se mostraran reacios a enfrentarse a los empleadores. Sin embargo, la realidad demográfica ha cambiado radicalmente. Los inmigrantes constituyen ahora una parte significativa de la fuerza laboral en numerosos sectores, y su presencia es especialmente notable en industrias como la hostelería, la confección, el almacenamiento y la construcción.
La legislación migratoria de 1986, que otorgó amnistía a tres millones de inmigrantes pero también penalizó la contratación de personas sin documentación adecuada, contribuyó a la creación de una fuerza laboral en la sombra. Esta situación ha llevado a muchos sindicatos a adoptar una postura más activa en la defensa de los derechos de los inmigrantes, reconociendo su importancia dentro de la economía y su vulnerabilidad ante las políticas de deportación. Muchos convenios colectivos incluyen ahora cláusulas que protegen a los trabajadores indocumentados, impidiendo la rescisión inmediata de sus contratos en caso de discrepancias en la documentación migratoria.
Además, los sindicatos están creando fondos de asistencia legal para ayudar a sus miembros con asuntos de inmigración y para educar tanto a los trabajadores como a los empleadores sobre cómo actuar en caso de que se produzcan redadas migratorias en sus lugares de trabajo. Esta creciente solidaridad se extiende también al ámbito educativo, donde docentes indocumentados o con familiares indocumentados, expresan su temor ante la posibilidad de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpa en sus comunidades. Cecily Myart-Cruz, presidenta del sindicato United Teachers of Los Angeles, señala que esta preocupación generalizada hace que la defensa de los derechos de los inmigrantes sea una prioridad para su organización.
