La formalización minera en Perú enfrenta un punto de inflexión con la ratificación del Ministerio de Energía y Minas (Minem) sobre la eliminación de más de 50 mil registros del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esta decisión, tomada bajo los Decretos Supremos 009 y 012, ha generado controversia, especialmente desde la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), quienes ven en esta medida un retroceso para el sector.
Según la investigación publicada por El Comercio, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, ha sido enfático al señalar que no se dará marcha atrás en esta eliminación, a pesar de la insistencia de la Confemin. Esta postura se basa en la solidez del marco normativo que, según el ministro, respalda la decisión tomada por el Ejecutivo.
Montero defendió la legalidad y el análisis exhaustivo detrás de los decretos, resaltando que no se contempla una revisión de lo actuado. Subrayó que la medida busca depurar el Reinfo, un registro que ha experimentado una expansión significativa, llegando a incluir un número considerable de inscripciones que no cumplen con los requisitos para la formalización. La situación actual del Reinfo, con un número elevado de inscripciones, dificulta la fiscalización y el control de las actividades mineras, afectando los esfuerzos por combatir la minería ilegal y proteger el medio ambiente.
A pesar de la firmeza del Minem, se ha abierto un espacio para el diálogo con los mineros a través de una mesa de trabajo coordinada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El ministro Montero calificó la primera reunión como “de alta calidad”, destacando la buena voluntad de los participantes y la construcción de confianza entre las partes. Se prevé que estas reuniones se extiendan por ocho semanas, buscando un entendimiento y posibles soluciones a las preocupaciones planteadas por los mineros.
En respuesta a las críticas y peticiones de la Confemin, Montero recordó que los mineros que se consideren afectados por la eliminación de sus registros tienen la opción de apelar el proceso administrativo. Insistió en que esta posibilidad no representa una flexibilización de las normas, sino el reconocimiento del derecho de todo ciudadano peruano a recurrir a las vías legales para defender sus intereses. El proceso de formalización, originalmente concebido para un plazo determinado, se ha extendido indefinidamente gracias a decisiones del Congreso, situación que, según el ministro, ha contribuido a la problemática actual.
Finalmente, el ministro Montero se refirió a la ausencia de un representante del Ministerio Público en la primera reunión de la mesa de trabajo. Explicó que la PCM fue la encargada de elaborar las invitaciones y que, en caso de haber alguna omisión, se corregirá en las próximas convocatorias. La presencia del Ministerio Público es crucial para garantizar la transparencia y la legalidad de los acuerdos que se alcancen en el marco de este proceso de diálogo.
