La minería artesanal y la pequeña minería, sectores clave de la economía peruana, están a las puertas de una nueva regulación. La Comisión de Energía y Minas del Congreso se prepara para debatir la propuesta de la nueva Ley que regulará estas actividades (Ley MAPE). Este debate surge en un momento crítico, justo antes de que expire la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en junio de este año, un proceso que ha buscado formalizar a miles de mineros en el país. La importancia de esta ley radica en su potencial para impactar significativamente la vida de miles de familias que dependen de esta actividad y en su capacidad para ordenar un sector que ha estado marcado por la informalidad y la conflictividad social y ambiental. El oro, el principal mineral extraído por este sector, ha visto fluctuaciones importantes en su precio internacional, lo que añade presión para una regulación clara y efectiva.
Según la investigación publicada por El Comercio, la sesión de la Comisión está programada para el martes a las 2:30 p.m. y se centrará en el predictamen que recomienda aprobar el texto sustitutorio de la norma, cuya aprobación ha estado pendiente desde 2024, antes de la extensión del Reinfo.
El predictamen que se discutirá es el resultado del trabajo de la comisión, presidida por Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial), y se basa en diversas iniciativas, incluyendo la propuesta original del Ministerio de Energía y Minas (Minem), presentada antes de la censura del exministro Rómulo Mucho en noviembre del año pasado. Esta propuesta inicial buscaba, entre otras cosas, actualizar el marco legal para adaptarse a la realidad actual del sector minero artesanal y de pequeña escala.
La ley en cuestión, denominada oficialmente “Ley que regula el régimen especial para la pequeña minería, minería artesanal y minería tradicional”, tiene como objetivo declarado “promover e incentivar el desarrollo integral, formal y sostenible” de estas actividades. Se busca reconocer su contribución a la economía nacional, fomentar la inclusión social y asegurar un uso responsable de los recursos naturales, siempre en armonía con los derechos fundamentales y la protección del medio ambiente, temas sensibles y frecuentemente objeto de controversia en el sector.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la designación del Ministerio de Energía y Minas como el ente rector a nivel nacional. Para asegurar una mayor eficiencia y presencia en todo el territorio, la ley contempla la creación de oficinas desconcentradas, equivalentes a las Direcciones de Formalización Minera, que permitirán una gestión más cercana y efectiva del proceso de formalización en las distintas regiones del país. Se espera que estas oficinas faciliten el acceso a información, capacitación y asistencia técnica para los mineros artesanales y pequeños mineros.
El debate que se avecina en la Comisión de Energía y Minas será crucial para el futuro de la minería artesanal y la pequeña minería en el Perú. La aprobación de esta ley podría significar un paso importante hacia la formalización y el desarrollo sostenible del sector, o bien, podría perpetuar la informalidad y la conflictividad existentes. El resultado de esta discusión tendrá un impacto directo en miles de familias que dependen de esta actividad económica y en la gestión de los recursos naturales del país.
