El consejero Amadeo Raymundez revela que la aprobación de la nueva estructura depende de corregir omisiones técnicas detectadas desde 2023 y asegurar la autonomía del Consejo Regional
El Gobierno Regional de Huánuco enfrenta un bloqueo administrativo que impide la creación de la Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres, una unidad crítica para atender emergencias. Según el consejero por Dos de Mayo, Amadeo Raymundez, el conflicto nace en 2023, cuando el Pleno aprobó un Reglamento de Organización y Funciones (ROF) propuesto por el Ejecutivo que omitió esta oficina. Actualmente, 20 consejeros deben decidir el futuro de una modificatoria que busca integrar nuevas identidades orgánicas, mientras el reloj administrativo corre sin plazos definidos para su implementación final en este 2026.
¿Es el ROF el principal obstáculo para la seguridad regional?
Raymundez sostiene que en el año 2023 la Comisión de Planeamiento y Presupuesto, liderada entonces por otro grupo de legisladores, validó la propuesta del Gobierno Regional sin advertir vacíos estructurales. El consejero refiere que aquel ROF de 2023 es el origen del problema, ya que no consideraron la gerencia que hoy solicitan con urgencia. Para el representante de Dos de Mayo, no se puede incorporar ninguna instancia nueva si el documento matriz no supera primero las observaciones técnicas pendientes en la mesa de trabajo.
La controversia escaló durante el periodo 2024-2025, cuando el Ejecutivo regional solicitó finalmente la incorporación de la unidad de riesgos. Sin embargo, el Consejo Regional detectó una anomalía grave: el proyecto planteaba eliminar a la Secretaría de Consejo Regional como órgano dependiente del Pleno. Raymundez asegura que, si no se garantiza la permanencia de dicha secretaría en el nuevo ROF, el proceso de aprobación no será lanzado, manteniendo en vilo la estructura que gestionaría desastres en las 11 provincias.
Intereses técnicos frente a la urgencia social
El proceso actual no se limita a una sola oficina; la modificatoria del ROF incluye cambios en funciones de diversos organismos y la creación de otras identidades administrativas. Según el consejero, desde el año pasado se desarrollan mesas de trabajo conjuntas entre técnicos y políticos para destrabar el expediente. Aunque el Gobierno Regional presiona por celeridad, la Comisión de Planeamiento debe emitir un dictamen que luego requiere el voto aprobatorio de los 20 representantes regionales en sesión ordinaria.
Raymundez aclara que el Consejo Regional ya realizó sugerencias y observaciones formales para dar continuidad al trámite ante el Ejecutivo. El representante enfatiza que este es un camino estrictamente técnico donde se ha solicitado incluso la intervención de la PCM para aclarar competencias. Hasta que no se logre un consenso sobre la autonomía de la Secretaría, la Gerencia de Gestión de Riesgos seguirá siendo un proyecto de papel, postergando la atención técnica que demandan los distritos más vulnerables.
Hacia un desenlace administrativo incierto
El consejero evita dar un plazo exacto para la aprobación final, argumentando que la celeridad depende de la capacidad del Gobierno Regional para subsanar los errores del 2023. El flujo grama es rígido: la propuesta debe volver a la comisión, obtener un dictamen favorable y finalmente alcanzar la mayoría simple en el Pleno. Raymundez insiste en que el diálogo sigue abierto, pero advierte que el Consejo no cederá funciones operativas que debiliten su rol fiscalizador frente a la sede central.
La implementación de la nueva estructura orgánica es vista como un hito necesario para la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2026. Sin embargo, la falta de una fecha concreta genera incertidumbre en las direcciones que dependen de esta reforma para contratar personal especializado. El destino de la Gerencia de Riesgos está atado a una firma técnica que, tras 24 meses de marchas y contramarchas, sigue atrapada en la burocracia regional y las mesas de diálogo inconclusas.
