La fiscalización electoral se intensifica con la presentación de 104 denuncias por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante el Ministerio Público, focalizando la atención en presuntas irregularidades en la recolección de firmas por diversas organizaciones políticas. Este accionar se enmarca en un contexto donde la transparencia y la legalidad de los procesos de inscripción de partidos políticos son constantemente puestos a prueba, especialmente de cara a las próximas elecciones generales. Cabe destacar que, el sistema político peruano ha visto un incremento en la fragmentación partidaria, generando una mayor competencia por el electorado y, potencialmente, incentivos para prácticas irregulares.
Según la investigación publicada por El Comercio, estas demandas, presentadas por la procuraduría del ente electoral entre 2024 y 2025, apuntan directamente a los personeros legales de las agrupaciones involucradas, imputándoles el presunto delito de falsificación de documentos, entre otros. La acumulación de estas denuncias subraya la persistencia de desafíos en el control y verificación de la autenticidad de las firmas presentadas para la inscripción de partidos y movimientos, un requisito indispensable para participar en los comicios.
El acceso a la información, obtenido por el diario El Comercio, revela que las acusaciones contra los dirigentes de partidos políticos y movimientos regionales se encuentran actualmente en manos de diferentes fiscalías a lo largo del país. Este despliegue de investigaciones refleja la amplitud del problema y la necesidad de una respuesta coordinada entre el sistema electoral y el sistema judicial. La gravedad de las acusaciones podría tener consecuencias significativas para el futuro político de las organizaciones implicadas y para la confianza ciudadana en el proceso democrático.
Entre las agrupaciones políticas con mayor número de denuncias se encuentran Perú Primero, liderado por el expresidente Martín Vizcarra, Salvemos al Perú y Sí Creo, cada una enfrentando cuatro acusaciones. Les siguen Voces del Pueblo, del congresista Guillermo Bermejo; Ciudadanos del Perú, relacionado con Nicanor Boluarte; y Primero la Gente, de la exministra Marisol Pérez Tello. Esta lista, aunque no exhaustiva, destaca la diversidad de actores políticos que se ven implicados en este escándalo.
En respuesta a las acusaciones, diversos representantes de los partidos mencionados han ofrecido sus descargos. Alejandro Salas, de Perú Primero, ha declarado que denuncias previas fueron archivadas y confía en que las actuales correrán la misma suerte, argumentando falta de peritos para validar la falsedad de las firmas. Duberlí Rodríguez, de Unidad Popular, niega cualquier responsabilidad directa en la falsificación, señalando que la recolección de firmas se realiza a través de brigadas. Rafael Belaunde, de Libertad Popular, afirma tener copias de todas las fichas y facilita la verificación de afiliaciones. Marco Zevallos, de Primero la Gente, prefirió no comentar sobre las denuncias, enfocándose en alianzas electorales. Javier Bedoya Denegri, del PPC, minimizó la denuncia, indicando que las firmas cuestionadas no fueron contabilizadas en la reinscripción del partido.
Mientras tanto, un proyecto de ley presentado por el JNE al Congreso, que busca fortalecer la fiscalización y sancionar el uso de firmas falsas, permanece estancado en la Comisión de Constitución, presidida por Fuerza Popular. Esta inacción legislativa ha generado críticas, ya que la aprobación de esta iniciativa podría ser clave para evitar futuras irregularidades y garantizar la transparencia en los procesos electorales. El proyecto propone modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), incluyendo la posibilidad de suspender la inscripción de organizaciones políticas y aplicar sanciones penales a partidos por delitos cometidos en su nombre.
