Canadá se encuentra en un momento de inflexión, intentando superar la reciente transición política que llevó a Mark Carney al poder, mientras lidia con las tensiones comerciales y las amenazas a la soberanía provenientes de Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump. Sin embargo, un nuevo desafío emerge en el horizonte: el posible referéndum sobre la secesión de Alberta, una provincia clave por sus vastos recursos naturales y su peso económico. Esta situación plantea interrogantes sobre la cohesión nacional y el futuro político del país, poniendo a prueba la capacidad del nuevo gobierno para gestionar las aspiraciones regionales y mantener la unidad territorial.
Según la investigación publicada por The New York Times, la provincia occidental de Alberta está sentando las bases para celebrar un referéndum en el que se preguntará a los votantes si apoyan la secesión de Canadá.
Si bien la probabilidad de que se produzca una separación real es baja –debido a la necesidad de reformar la Constitución canadiense y otros obstáculos legales–, la simple posibilidad de someter la cuestión a votación revela un profundo descontento latente. Este sentimiento se arraiga en la percepción de que Alberta es tratada injustamente dentro del sistema federal, especialmente en lo que respecta a la gestión de sus abundantes recursos petroleros y gasíferos, mientras que, al mismo tiempo, se le exige un alto nivel de contribución fiscal. Es crucial recordar que Alberta contribuye significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) de Canadá, representando un pilar fundamental de su economía.
El descontento albertano se ha visto exacerbado por factores externos, como las declaraciones de Donald Trump sobre la posible anexión de Canadá y la reelección de un gobierno federal liberal, percibido por muchos en la provincia como hostil a sus intereses. Históricamente, Alberta ha sido un bastión conservador, y la victoria del Partido Liberal a nivel federal ha profundizado la sensación de alienación política y económica. Este sentimiento se alimenta, además, de la percepción de que las políticas ambientales impulsadas desde Ottawa restringen el desarrollo de la industria petrolera albertana, un sector vital para la economía de la provincia.
La premier de Alberta, Danielle Smith, líder conservadora con un estilo similar al de Donald Trump, ha manifestado no estar personalmente a favor de la secesión. No obstante, ha impulsado la creación de las condiciones para que el referéndum se lleve a cabo, con el objetivo de presionar al gobierno federal para renegociar la relación entre Alberta y Ottawa. Su principal demanda es la flexibilización de las regulaciones ambientales que limitan la expansión de la industria petrolera, argumentando que estas políticas perjudican la economía provincial y benefician a competidores internacionales con estándares ambientales menos rigurosos. La provincia alberga las mayores reservas de arenas bituminosas del mundo, un recurso estratégico que Alberta busca explotar al máximo.
La aprobación de una ley que facilita la convocatoria de referendos, reduciendo significativamente el número de firmas necesarias para solicitar uno, es una clara señal de la determinación de Smith de utilizar la amenaza de la secesión como herramienta de negociación. Grupos ciudadanos ya han recolectado miles de firmas para impulsar la celebración del referéndum. Sin embargo, esta iniciativa ha generado fuerte oposición por parte de las comunidades indígenas de Alberta, quienes temen que la secesión ponga en peligro sus derechos territoriales y los tratados que han negociado con el gobierno canadiense. La cuestión indígena es un elemento clave en el debate sobre la secesión, ya que su participación y consentimiento son fundamentales para cualquier cambio constitucional que afecte a la provincia.
Para el nuevo Primer Ministro, Mark Carney, la amenaza de secesión representa un desafío adicional en su intento de fortalecer la relación de Canadá con Estados Unidos y navegar por las aguas turbulentas de la política internacional. Carney, originario de Alberta, ha adoptado un tono cauteloso en sus declaraciones públicas, evitando mostrarse desdeñoso con las preocupaciones de la provincia. Reconoce la importancia de la industria energética para la economía canadiense, pero también defiende la necesidad de avanzar hacia una economía más sostenible. Este equilibrio delicado entre las demandas de Alberta y los compromisos de Canadá con la lucha contra el cambio climático será crucial para determinar el futuro de la relación entre la provincia y el gobierno federal.
