La torrencial lluvia del miércoles pasado desencadenó un devastador huaico en la quebrada de Angorragra, una zona en la que, irónicamente, se venían ejecutando trabajos de “protección contra desbordes”, con un presupuesto millonario de más de 40 millones de soles. Sin embargo, lejos de proteger a los vecinos, la empresa encargada de la obra no construyó los muros de contención necesarios a ambos lados de la quebrada. Por el contrario, acumuló grandes cantidades de material como arena, piedras y hormigón, lo que provocó el desvío de las aguas torrenciales hacia las calles, afectando gravemente a las viviendas cercanas.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) había advertido con anticipación sobre la llegada de la temporada de lluvias. Sin embargo, las autoridades locales no tomaron medidas efectivas para prevenir desastres, como la descolmatación de las quebradas. En el caso de Licua, el material de construcción acumulado terminó siendo arrastrado por el aluvión, causando la destrucción de casas y, lo más trágico, cobrando la vida de una niña que cayó al cauce mientras intentaba recuperar su pelota.
El gobernador regional ha declarado que la empresa responsable de la obra debe asumir las consecuencias. Pero, ¿no es también el Gobierno Regional el encargado de supervisar y garantizar la correcta ejecución de los proyectos? ¿Dónde estaban los supervisores y los encargados de fiscalizar las obras? Este hecho deja en evidencia una cadena de negligencias, donde el interés por los beneficios personales parece haber pesado más que el bienestar de la población.
En Huánuco, no es raro que las obras avancen con una lentitud exasperante o que sean realizadas de manera deficiente tras el pago de coimas. Es urgente que se fiscalicen los proyectos públicos y se prioricen las necesidades de las comunidades, en lugar de ser relegadas a un segundo plano.
El viernes 17, el gobernador, acompañado del primer ministro, solicitó más presupuesto para el 2024, a pesar de no haber ejecutado por completo el del año pasado. Esto se evidencia en el incumplimiento del pago de la deuda social a trabajadores de los sectores de salud y educación. Si con los recursos disponibles no se toman acciones concretas, ¿qué garantiza que un mayor presupuesto será empleado eficientemente?
