La seguridad en el distrito de Pataz, región La Libertad, se ha visto comprometida tras la reciente masacre de 13 mineros, desencadenando una serie de medidas gubernamentales extraordinarias. La respuesta del Ejecutivo busca frenar la creciente ola de criminalidad vinculada a la minería ilegal, un problema que afecta no solo a la región, sino que también tiene ramificaciones a nivel nacional, impactando la economía y la estabilidad social.
Según el reportaje de El Comercio, la presidenta Dina Boluarte, en coordinación con su gabinete ministerial y autoridades locales, ha decretado el toque de queda y otras acciones contundentes para restaurar el orden en la zona.
Entre las principales medidas anunciadas se encuentra la restricción de la libre circulación, estableciendo un toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Esta medida drástica busca limitar los movimientos de personas y vehículos, facilitando el control y la vigilancia por parte de las fuerzas del orden. Asimismo, se ha dispuesto la suspensión temporal, por un periodo de 30 días, de las actividades mineras en la provincia, una decisión que pretende cortar de raíz las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.
Un elemento clave en la estrategia gubernamental es la creación de una base policial permanente, inspirada en el modelo implementado en el VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), una zona convulsa donde se combate el narcotráfico y el terrorismo. Esta nueva base en Pataz contará con personal militar y policial especializado, equipado para enfrentar los desafíos que plantea la minería ilegal y el crimen organizado que la sustenta.
Además, el gobierno ha procedido a la exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) de aquellos mineros que se encuentren en situación de suspensión. Esta medida busca depurar el registro y evitar que personas vinculadas a actividades ilícitas puedan ampararse en la formalidad para operar.
El ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, ha manifestado su firme compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de la masacre. Afirmó que la Policía Nacional está desplegando operativos de inteligencia para identificar y capturar a los autores de este crimen, y remarcó la importancia de la unidad entre las instituciones y la ciudadanía para superar los desafíos que enfrenta el país.
Cabe destacar que la minería ilegal en el Perú genera miles de millones de dólares anualmente, financiando actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la trata de personas y la corrupción. La región de La Libertad, y en particular la provincia de Pataz, ha sido identificada como un punto crítico en esta problemática, donde la presencia de bandas criminales y la falta de control estatal han generado un clima de inseguridad y violencia.
