La diplomacia peruana se encuentra en el centro de la polémica tras la reciente designación de Gustavo Adrianzén como representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas en Nueva York. Este nombramiento se produce apenas dos semanas después de su renuncia al cargo de primer ministro, motivada por la inminente censura del Congreso, lo que ha generado intensos debates sobre la idoneidad de la decisión y sus posibles implicaciones para la política exterior del país. La controversia se centra en la priorización de la lealtad política por encima de la experiencia técnica en un escenario internacional cada vez más complejo y demandante.
Según la investigación publicada por El Comercio, el anuncio oficial de la designación de Adrianzén fue realizado por el canciller Elmer Schialer el miércoles 28, quien aseguró que la propuesta había recibido el respaldo unánime del Consejo de Ministros, resaltando las supuestas credenciales, capacidades académicas, experiencia política y diplomática del ex primer ministro.
La decisión ha suscitado críticas de expertos en relaciones internacionales, quienes cuestionan la pertinencia de nombrar a Adrianzén, considerando su reciente salida del gobierno en medio de fuertes cuestionamientos. Recordemos que su gestión como Presidente del Consejo de Ministros estuvo marcada por la incapacidad del Ejecutivo para hacer frente a la creciente criminalidad en el país, así como por una visible subordinación al Poder Legislativo y una defensa férrea de la presidenta Dina Boluarte, factores que contribuyeron a una persistente desaprobación ciudadana.
La crisis desatada por el secuestro y posterior asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, La Libertad, y sus desafortunadas declaraciones al respecto, precipitaron su renuncia a la PCM. Sin embargo, en un movimiento que ha sido interpretado como una práctica habitual dentro de la administración Boluarte, Adrianzén ha sido recompensado con un nuevo cargo de alta responsabilidad, siguiendo un patrón similar al observado en otros casos recientes.
El nombramiento de Adrianzén recuerda decisiones anteriores, como la del exministro del Interior Juan José Santiváñez, quien tras ser censurado fue reubicado como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del despacho presidencial. También resuena el regreso de Leslie Urteaga al Gabinete como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y la fallida postulación de Julio Demartini como embajador ante el Vaticano, quien posteriormente fue designado asesor en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Estos antecedentes alimentan la percepción de que la lealtad política es un factor determinante en la asignación de cargos gubernamentales, incluso por encima de la competencia técnica y la trayectoria profesional.
Para el excanciller Javier González-Olaechea, la designación de Adrianzén es una señal “desafortunada y riesgosa”, argumentando que carece de las competencias necesarias para representar al Perú ante la ONU, especialmente en un contexto global marcado por conflictos y tensiones crecientes. Su falta de experiencia en temas internacionales y multilaterales, así como su dominio limitado del idioma inglés, son factores que, según González-Olaechea, comprometen la imagen del país en el escenario internacional.
El internacionalista Juan Velit coincide en que la designación no es la más adecuada, considerando la importancia estratégica de la representación peruana ante la ONU. Velit destaca la necesidad de contar con un especialista en temas de conflicto y dinámicas multilaterales, capaz de responder a las exigencias que imponen tanto los intereses del Perú y América Latina como los desafíos globales. Adicionalmente, Velit critica la práctica de utilizar las embajadas como “premios políticos” para funcionarios cuestionados, subrayando que estos cargos deben ser ocupados por profesionales capaces de desempeñarse a la altura de las circunstancias.
A pesar de las críticas, el Ejecutivo defiende la designación de Adrianzén, argumentando que cuenta con las credenciales necesarias para el cargo. El primer ministro Eduardo Arana ha resaltado sus “cualidades humanas, profesionales y políticas”, así como su experiencia previa como representante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), esperando que su desempeño en la ONU sea igualmente exitoso. Sin embargo, las voces críticas insisten en que la ONU es una plataforma crucial para la política exterior peruana y que, en momentos de crisis global, el país necesita enviar señales de profesionalismo y competencia, no de favoritismo político.
