La mifepristona, un fármaco crucial para la interrupción del embarazo, vuelve a ser el centro de una disputa legal que enfrenta al gobierno actual con las decisiones previas de administraciones pasadas. El Departamento de Justicia, bajo la dirección del gobierno de Trump, solicitó a un juez federal el desestimar una demanda que busca restringir drásticamente el acceso a este medicamento. Esta acción, aunque sorprendente para muchos, se alinea con la postura que previamente había adoptado la administración Biden frente a este caso de gran trascendencia para el acceso al aborto.
Según la investigación publicada por The New York Times, esta petición del gobierno de Trump resulta llamativa, considerando que tanto el expresidente como varios funcionarios de su administración se han opuesto firmemente al derecho al aborto. Trump a menudo se ha vanagloriado de haber nombrado a tres de los jueces del Tribunal Supremo que votaron en 2022 para revocar Roe v. Wade, la decisión judicial que garantizaba el derecho nacional al aborto. Adicionalmente, durante su segundo mandato, su administración ha implementado medidas para limitar programas que apoyan la salud reproductiva.
La reciente presentación judicial marca la primera vez que la administración Trump se pronuncia sobre la demanda, la cual busca revertir numerosas modificaciones regulatorias que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) implementó durante la última década, expandiendo significativamente el acceso a la mifepristona. Es importante recordar que la FDA aprobó la mifepristona en el año 2000, y desde entonces, ha habido varios intentos legales para restringir o ampliar su disponibilidad.
La solicitud presentada por la administración Trump evita mencionar los méritos del caso, los cuales aún no han sido considerados por los tribunales. En cambio, haciéndose eco del argumento esgrimido por la administración Biden poco antes de que Trump asumiera el cargo, el documento legal afirma que el caso no cumple con el estándar legal para ser escuchado en el tribunal de distrito federal donde fue presentado. Este argumento se centra en la falta de legitimación activa, es decir, que los estados demandantes no han demostrado un daño concreto y directo que les permita impugnar las decisiones de la FDA.
La demanda fue presentada por los fiscales generales conservadores de tres estados: Missouri, Idaho y Kansas, ante el juez Matthew J. Kacsmaryk del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, un nominado de Trump que se opone fervientemente al aborto. La elección de este distrito judicial no es casual, ya que se considera un foro favorable para los litigantes conservadores.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentan en su presentación que “los estados no discuten que sus reclamos no tienen conexión con el Distrito Norte de Texas”. Este punto es crucial, ya que la jurisdicción de un tribunal federal se basa en la conexión entre la controversia legal y el distrito en el que se encuentra el tribunal. Si los estados no pueden demostrar tal conexión, el tribunal carece de la autoridad para conocer del caso.
