El futuro de la **fusión bancaria** entre el BBVA y el Banco Sabadell se encuentra en una encrucijada, tras la reciente apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea (CE) contra España. Este movimiento añade incertidumbre a una operación que, de concretarse, transformaría el panorama financiero español. El Gobierno español, sin embargo, defiende su actuación y asegura que se ajusta a las normativas tanto nacionales como europeas.
Según la investigación publicada por Gestión.pe, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha expresado su total convencimiento de que la intervención del Gobierno en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell cumple con la legislación vigente, a pesar de la investigación iniciada por la Comisión Europea.
La defensa del ministro Cuerpo se centra en la colaboración con la CE, a la cual se le ofrecerá toda la información necesaria para aclarar cualquier duda. La Comisión Europea ha puesto en tela de juicio el uso de la Ley de Solvencia Bancaria (con más de una década de antigüedad) y la Ley de Defensa de la Competencia (de hace quince años), argumentando que podrían infringir las libertades de establecimiento y la libre circulación de capitales, principios fundamentales dentro de la Unión Europea.
A pesar de este contratiempo, el Gobierno español insiste en que la OPA sigue su curso. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya dio su visto bueno a la operación en abril de 2024, aunque condicionada al cumplimiento de una serie de obligaciones por parte del BBVA. El Ejecutivo español, amparándose en la defensa del interés general, se reservó el derecho a imponer condiciones adicionales, llegando a exigir que ambas entidades mantuvieran su independencia durante al menos tres años tras la fusión.
El ministro Cuerpo ha remarcado que las leyes utilizadas para regular la OPA están “perfectamente alineadas” con la normativa europea. Ante esto, el gobierno español espera trabajar con la Comisión Europea durante los próximos meses y confía en que el procedimiento de infracción abierto se resuelva de manera satisfactoria para todas las partes implicadas. Este caso ocurre en un contexto donde el sector bancario europeo está buscando consolidarse para mejorar su eficiencia y rentabilidad.
El procedimiento de infracción abierto por la CE se une a otros desafíos que enfrenta la operación, incluyendo las dudas sobre el impacto en la competencia y en el empleo. De hecho, la OPA ha generado debate sobre la concentración del sector bancario en España y el papel del gobierno en la supervisión de las operaciones financieras, dado que reduciría el número de grandes entidades bancarias, lo que podría afectar a los consumidores y a la economía en general. El resultado final de la operación BBVA-Sabadell podría sentar un precedente importante para futuras operaciones de fusión en el sector bancario español y europeo.
