El panorama de la fiscalidad internacional ha dado un vuelco tras el reciente anuncio del G7, el grupo de las principales economías mundiales, respecto a las multinacionales estadounidenses. Este acuerdo, que permite eximir a estas corporaciones del pago del impuesto mínimo del 15% acordado previamente en el seno de la OCDE, ha generado controversia y pone de manifiesto las tensiones existentes en la búsqueda de una armonización fiscal global. La decisión llega en un momento crucial, con la economía mundial aún recuperándose de los efectos de la pandemia y con un creciente debate sobre la justicia fiscal y la necesidad de que las grandes empresas contribuyan equitativamente a las arcas públicas.
Según la investigación publicada por Gestión.pe, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ya había adelantado este pacto, celebrando la defensa de los intereses de su país y solicitando al Congreso la eliminación de la cláusula 889, que preveía impuestos de represalia. Este movimiento se interpreta como una victoria para la Administración Trump, que siempre se ha mostrado crítica con los acuerdos fiscales multilaterales que considera perjudiciales para la competitividad de las empresas estadounidenses.
El acuerdo fiscal global, promovido por la OCDE y el G20, y alcanzado en 2021 por 136 países, buscaba establecer un impuesto mínimo del 15% para las multinacionales y un reparto de los beneficios en los países donde se generan. Dicho pacto, estructurado en dos pilares, tenía como objetivo fundamental evitar la competencia desleal entre jurisdicciones y frenar la evasión fiscal de las grandes corporaciones. El Pilar 2, en concreto, se centraba en garantizar que las multinacionales pagasen al menos un 15% de impuestos sobre sus beneficios, mientras que el Pilar 1 abordaba la reasignación de los derechos fiscales.
A pesar de la retirada inicial de Estados Unidos del acuerdo bajo la Administración Trump, los países europeos mantuvieron la posibilidad de aplicar el impuesto a las empresas estadounidenses radicadas en sus territorios. Ahora, la modificación contemplada por el G7 busca, según sus integrantes, proporcionar “mayor estabilidad y certeza al sistema tributario internacional en el futuro”, una declaración que contrasta con las críticas de aquellos que ven en esta exención un trato de favor a las multinacionales estadounidenses y una amenaza para la equidad fiscal global.
Canadá, que ostenta la presidencia rotatoria del G7, emitió una nota en la que se subraya que el establecimiento de un sistema “yuxtapuesto” facilitará un mayor progreso hacia la estabilización del sistema tributario internacional. Este sistema, aparentemente, permitirá un diálogo constructivo sobre la tributación de la economía digital y la preservación de la soberanía fiscal de cada país, aunque los detalles específicos de cómo se logrará este equilibrio aún no están claros.
En este contexto, la Administración Trump ha advertido que permanecerá “atenta ante cualquier impuesto extranjero discriminatorio o extraterritorial aplicado contra los estadounidenses” y que defenderá su “soberanía fiscal”. Estas declaraciones sugieren que Estados Unidos podría adoptar medidas de represalia si considera que sus empresas están siendo perjudicadas por políticas fiscales extranjeras, lo que añade una nueva capa de complejidad a la ya intrincada situación de la fiscalidad internacional.
El G7 ha expresado su voluntad de respaldar esta postura en las negociaciones con el G20 y la OCDE, así como su deseo de “alcanzar rápidamente una solución aceptable y aplicable para todos”. Sin embargo, la realidad es que las diferencias de opinión entre los países son significativas y que la consecución de un acuerdo global que satisfaga a todas las partes se antoja complicada. El futuro de la fiscalidad internacional sigue siendo incierto, y la decisión del G7 respecto a las multinacionales estadounidenses no hace sino añadir más interrogantes al panorama.
