La situación de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, está en el centro de la atención judicial en Perú. Desde su implicación en el caso “Los Waykis en la sombra”, el futuro de Nicanor está marcado por incertidumbre, ya que la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluará hoy, a las 9:00 a.m., la solicitud de apelación presentada por su defensa para revocar la prisión preventiva de 36 meses dictada en su contra. Según Renato Silva para Infobae, Este proceso tiene implicaciones no solo para su situación personal, sino también para el desarrollo de una de las investigaciones más mediáticas y de alto perfil de los últimos años en el país.
“Este despacho ha llegado a la conclusión de que debe imponerse mandato de prisión preventiva porque se trata de una medida proporcional para su caso, no es posible a una medida menos gravosa debido a que se han presentado factores agraviantes de peligro de fuga y perturbación de la actividad probatoria. […] En libertad es bien probable que ponga en serio riesgo el éxito del proceso”, fue lo que dijo el juez Richard Concepción Carhuancho durante la audiencia de prisión preventiva. En este contexto, la solicitud de apelación de Boluarte llega en un momento crucial en que su paradero sigue siendo un misterio y el caso está en curso con implicaciones políticas y judiciales que podrían marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Perú.
La fuga de Nicanor Boluarte
El 19 de noviembre de 2024, Nicanor Boluarte no se presentó a la audiencia programada en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), donde el juez Carhuancho dictó su prisión preventiva por 36 meses, iniciando el proceso en su contra. Desde entonces, el hermano de la presidenta ha estado prófugo de la justicia, y su última aparición fue a través de una videollamada en la que parecía estar dentro de un vehículo en movimiento, con destino desconocido. Su abogado, Luis Vivanco, ha señalado en diversas ocasiones que no ha podido contactar a su defendido, lo que solo ha incrementado las especulaciones sobre su paradero.
Este escenario pone en juego no solo la libertad de Nicanor Boluarte, sino también la solidez de las pruebas y las investigaciones que giran alrededor de “Los Waykis en la sombra”, una presunta organización criminal que habría operado bajo el liderazgo de Boluarte, quien estaría involucrado en una serie de actos ilícitos relacionados con el tráfico de influencias y el cohecho, entre otros delitos.
Los “Waykis en la sombra”: la organización criminal
La investigación sobre Los Waykis en la sombra comenzó en mayo de 2024, cuando el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) detuvo preliminarmente a Nicanor Boluarte y a otros implicados en una red acusada de manipular nombramientos clave dentro de las estructuras del Estado peruano. Según la teoría del Ministerio Público, esta organización criminal tenía como objetivo infiltrar diversas instituciones del Estado, asegurando puestos estratégicos en entidades clave a nivel nacional, como las prefecturas y subprefecturas, para consolidar poder político y económico. Además, se señala que la organización habría buscado obtener favores políticos y económicos a través de la manipulación de los nombramientos.
El caso cobró una relevancia mayor cuando Armando Villalobos Leyva, ex prefecto de la región de San Martín, declaró ante la Fiscalía que la presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor eran conocidos dentro de la organización como “La número 1” y “El número 2”, lo que sugiere que el vínculo entre ellos podría haber sido más estrecho de lo que se pensaba en un principio.
Entre los principales miembros implicados en la red, además de Nicanor Boluarte, se encuentran los siguientes:
- Mateo Castañeda: Ex abogado de Dina Boluarte, acusado de ser el “brazo legal” de la organización.
- Jorge Luis Ortiz Marreros: Exdirector de Gobierno Interior, señalado como una de las personas encargadas de gestionar y aprobar los nombramientos dentro de la red.
- Zenovia Griselda Herrera Vásquez: Encargada de proponer candidatos para ocupar cargos estratégicos.
- Jorge y Noriel Chingay Salazar: Coordinadores en la región de Cajamarca, acusados de solicitar pagos ilícitos a cambio de favores en las designaciones.
Estos individuos enfrentan cargos relacionados con organización criminal, tráfico de influencias, cohecho activo genérico, entre otros, por formar parte de esta presunta red que buscaba manipular las designaciones de funcionarios para consolidar el poder político del partido Ciudadanos por el Perú, en el que supuestamente desempeñaba un papel clave Nicanor Boluarte.
La prisión preventiva y la apelación
En cuanto a la apelación presentada por el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, se argumenta que la prisión preventiva es una medida desproporcionada, ya que se considera que las pruebas presentadas hasta el momento no son suficientes para justificarla. Sin embargo, el Ministerio Público y el juez Richard Concepción Carhuancho han sostenido que la prisión preventiva es necesaria debido al “peligro de fuga” y la “perturbación de la actividad probatoria”, ya que Boluarte, al estar en libertad, podría entorpecer las investigaciones en curso o evadir la justicia.
La apelación será evaluada por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, y su decisión será clave en el futuro judicial de Nicanor Boluarte. Si la apelación es aceptada, se podría revocar la prisión preventiva y permitir que el hermano de la presidenta enfrente el proceso en libertad, aunque con medidas restrictivas. Si la apelación es rechazada, Boluarte continuará prófugo, enfrentando una orden de captura y un periodo de prisión preventiva.
Un caso de alto impacto político
El caso de Nicanor Boluarte ha adquirido una dimensión política considerable, ya que involucra directamente a un miembro cercano del círculo de poder en Perú. La relación entre Dina Boluarte y su hermano ha sido objeto de atención mediática, especialmente después de que se conociera su posible vinculación con una organización criminal de gran envergadura. Si bien la presidenta Dina Boluarte ha expresado en diversas ocasiones su distanciamiento de las acciones de su hermano, las investigaciones han complicado aún más su situación política.
La continua fuga de Nicanor Boluarte también pone en evidencia las dificultades del sistema de justicia peruano para capturar a figuras de alto perfil involucradas en casos de corrupción. La falta de claridad sobre su paradero ha generado dudas sobre la eficacia de las autoridades en el combate contra la corrupción y el crimen organizado.
