La ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) aprobada por el Congreso ha reavivado las críticas contra este mecanismo, que en más de siete años ha demostrado ser ineficaz. Desde su creación en 2017, el Reinfo registró a 90.265 mineros, pero solo 2.108 lograron formalizarse, lo que representa apenas un 2.34% de éxito, según un informe de María Elena Hidalgo para La República.
El fracaso del Reinfo no solo pone en evidencia la falta de políticas integrales para abordar la informalidad minera, sino también la debilidad del Estado para regular un sector con impactos profundos en el medio ambiente, la economía y las comunidades.
Extensión sin sustento técnico
El Congreso extendió la vigencia del Reinfo por seis meses, con la posibilidad de una prórroga por otros seis, sin justificar técnicamente cómo este nuevo plazo podría revertir una tendencia de fracaso. Según datos de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), actualmente hay 84.434 inscritos activos en el Reinfo, de los cuales el 77% se encuentran suspendidos debido a incumplimientos como la falta de un RUC vigente, ausencia de declaración de producción minera, o el incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización (IGAFOM).
Estos incumplimientos no solo reflejan la incapacidad de los mineros para cumplir con los requisitos, sino también un marco normativo que parece ignorar las realidades del sector.
Regiones con mayor informalidad
El informe detalla que las regiones de Arequipa (19.2%), Puno (14.3%) y Madre de Dios (10.6%) concentran casi la mitad de los mineros inscritos en el Reinfo. Sin embargo, estas también son las que presentan altas tasas de registros suspendidos. Por ejemplo, en Arequipa, el 76% de los inscritos no cumple con las condiciones necesarias para mantenerse vigentes, mientras que en Madre de Dios y Puno los índices de suspensión alcanzan el 67% y el 83%, respectivamente.
Otras regiones con cifras alarmantes incluyen Áncash (84%), Cusco (83%) y Ayacucho (83%), territorios donde la minería informal ha sido caldo de cultivo para conflictos violentos y delitos ambientales.
Obstáculos estructurales para la formalización
De acuerdo con Mayra Figueroa Valderrama, directora general de Formalización Minera del Minem, los principales obstáculos para completar el proceso de formalización son:
Falta de acuerdos con los titulares de concesiones mineras: Muchos mineros no logran suscribir contratos de explotación con los dueños de las concesiones.
Problemas con el uso de áreas superficiales: En muchos casos, los terrenos pertenecen a comunidades, asociaciones privadas o indígenas, lo que requiere negociaciones complejas.
Tramitología excesiva: Los permisos para el uso de explosivos, transporte de insumos y otros requisitos representan un desafío burocrático que desmotiva a los pequeños mineros.
A pesar de estos problemas, el Congreso decidió priorizar la ampliación del Reinfo en lugar de implementar soluciones más estructurales, como el Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), que podría ofrecer incentivos a los titulares de concesiones y reducir los trámites administrativos.
Críticas al Congreso y al Reinfo
El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) fue contundente al calificar de alarmante la decisión del Congreso:
“Extender un sistema que, durante más de 20 años, ha otorgado impunidad a la minería ilegal refleja una falta de compromiso con el bienestar del país”.
Asimismo, Liliana Otero Salinas, asesora técnica de la Asociación de Pequeños Mineros Formales, señaló que el Reinfo ha servido más como una herramienta de protección para la minería ilegal que como un mecanismo de formalización. Según Otero:
“Los mineros informales usan el Reinfo para evitar sanciones. Se instalan en terrenos con concesiones mineras, muestran su registro y nadie puede intervenirlos”.
La asesora también criticó los múltiples intentos del Estado por regularizar la minería informal:
“Después de 22 años y más de 90.000 inscripciones, solo 2.000 mineros están formalizados. Esto demuestra que el sistema no sirve”.
La informalidad minera no solo afecta la recaudación fiscal y la competitividad del sector, sino que también genera impactos devastadores en las comunidades y el medio ambiente. En regiones como Madre de Dios, la minería informal está directamente vinculada con la deforestación masiva, contaminación de ríos y mercurio, además de estar asociada con redes de explotación laboral y trata de personas.
La prolongación del Reinfo perpetúa un sistema donde los beneficios de la minería ilegal superan los costos legales, incentivando a más personas a participar en esta actividad fuera de la ley.
¿Qué se necesita para un cambio real?
Expertos y actores involucrados en el sector coinciden en que extender el plazo del Reinfo no resolverá los problemas de fondo. En lugar de prórrogas, se requiere una estrategia integral que aborde:
Simplificación de procesos: Reducir la burocracia para incentivar a los mineros a formalizarse.
Incentivos económicos: Ofrecer beneficios tangibles a quienes completen el proceso de formalización, como acceso a financiamiento o mercados regulados.
Fortalecimiento de fiscalización: Asegurar que los registros del Reinfo sean utilizados únicamente por mineros con intención genuina de formalizarse.
Educación y capacitación: Brindar herramientas y conocimientos a los pequeños mineros para que puedan adaptarse a los requisitos legales y técnicos.
El futuro del Reinfo: ¿otra oportunidad perdida?
El fracaso del Reinfo no es solo una cifra desalentadora, sino un reflejo de las debilidades estructurales del Estado peruano frente a la minería informal. Sin voluntad política para implementar reformas profundas, este sistema continuará siendo un mecanismo de impunidad para la minería ilegal, mientras los pocos que intentan formalizarse siguen enfrentando obstáculos insuperables.
La reciente ampliación de la vigencia del Reinfo parece ser otro intento fallido de abordar un problema que requiere decisiones valientes y soluciones estructurales. Mientras tanto, las comunidades, el medio ambiente y la economía del país seguirán siendo las principales víctimas de un sistema roto.
