El lunes 6 de octubre será una fecha crítica para la región centro del país. Mientras el Ministerio de Transportes y Comunicaciones asegura que comenzará la recuperación de la transitabilidad en la carretera Chicrín-Ambo y Puente Rancho–Km 65, los gremios de transporte han convocado un paro indefinido en protesta por el deterioro crónico de esas vías. Esta coincidencia no es casual, sino el reflejo de un quiebre profundo entre el discurso oficial y la realidad que vive la ciudadanía en cada tramo de asfalto resquebrajado.
Provías Nacional ha anunciado una inversión superior a los 17 millones de soles para intervenir siete puntos críticos, amparado en una resolución de emergencia que permite omitir etapas administrativas. A la par, los transportistas acusan incumplimientos reiterados y denuncian que sus reclamos han sido ignorados durante demasiado tiempo. Para ellos, la paciencia se agotó. No buscan promesas, exigen soluciones tangibles.
El anuncio estatal llega en un contexto de escepticismo social generalizado. No es la primera vez que se comunica el inicio de obras urgentes. Pero las experiencias anteriores, plagadas de retrasos, paralizaciones y licitaciones fallidas, han debilitado cualquier expectativa ciudadana. Que las máquinas lleguen el mismo día del paro no basta. Lo que se reclama es continuidad, supervisión y cumplimiento de plazos, no anuncios aislados para desactivar conflictos.
Los ciudadanos, atrapados entre el abandono institucional y la medida de fuerza, verán limitada su movilidad hacia Huánuco, Pasco o Lima. No solo se pone en riesgo la economía local, también se erosiona la confianza pública. Cuando el Estado pierde su capacidad de respuesta oportuna, la protesta se convierte en la única herramienta de presión legítima ante oídos sordos.
Si el 6 de octubre no marca el inicio real y visible de las obras, la protesta cobrará aún más fuerza. Y si las intervenciones se inician, el reto será sostenerlas con transparencia y resultados concretos. Este no es un pulso entre transportistas y gobierno. Es una prueba de si el Estado aún es capaz de honrar su palabra frente a una población harta de promesas sin cumplir.
La carretera central simboliza más que una vía física: representa la conexión rota entre autoridades y ciudadanía. Repararla no será solo una obra de ingeniería, sino una reconstrucción urgente de la credibilidad pública.
