La Contraloría General de la República ha destapado un monumental escándalo de corrupción que afecta no solo a la región de Huánuco, sino al Perú en su conjunto. Se trata de una estafa millonaria cometida por las empresas Consorcio Dial SAC y Consorcio Oyón en relación con la obra de pavimentación de la carretera Huánuco-Ambo-Oyón, un proyecto crítico que debería haber mejorado la conectividad y la calidad de vida de miles de peruanos.
Este consorcio recibió un adelanto de ejecución de nada menos que 49.7 millones de soles, avalados por supervisores que inexplicablemente dieron su conformidad sin realizar las verificaciones debidas. Esta malversación de fondos públicos es un desproporcionado golpe a la confianza ciudadana y al desarrollo regional. El proyecto, con un presupuesto cercano a los 400 millones de soles, se encuentra paralizado y en estado de abandono, pese a que la vía podría haber facilitado el acceso más rápido a Lima y otros destinos, beneficiando enormemente a la población local.
Esta no es una historia aislada. Es un capítulo más en una larga serie de corruptelas e irresponsabilidades que laceran al país. En este caso, las empresas en cuestión iniciaron las obras y luego las detuvieron, alegando imprecisiones en el proyecto y solicitando aún más fondos. Mientras tanto, la administración anterior parece haber mostrado una indiferencia culposa: ¿Dónde estaban las autoridades responsables? ¿Por qué no hay nadie reclamando justicia y transparencia?
Esta estafa no solo retarda proyectos críticos, sino que también desvía fondos que podrían haber sido destinados a otras necesidades urgentes, como la construcción de escuelas y centros de salud que la región tanto necesita. Es inconcebible que, en un país con tantas carencias en servicios básicos, se despilfarren millones en proyectos fantasma.
Hacemos un llamado urgente al Ministerio Público y al Poder Judicial para que tomen cartas en el asunto. No se puede permitir que la impunidad continúe siendo la norma. Es crucial que se sancione a los responsables de este desfalco y que se tomen medidas correctivas para evitar que tales situaciones se repitan en el futuro.
Nosotros, como medio de comunicación, nos comprometemos a seguir de cerca este caso y a informar sobre los avances que realice la Contraloría General de la República. Es tiempo de poner fin a la corrupción rampante y a la negligencia gubernamental que perpetúan la desigualdad y la injusticia en nuestro país. Porque si seguimos por este camino, corremos el riesgo de convertir estos escándalos en la regla, y no en la excepción que deberían ser.
